Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que “se está asesinando a dos venezolanos por día en Colombia”, tras reportar más de 360 homicidios en lo que va del año, y señaló que la nación vecina es “el país de la desaparición forzada” de sus connacionales, luego de que se han señalado 836 casos.

Maduro alertó el jueves desde el Palacio de Miraflores que existe “persecución xenofóbica” y se produce “un insulto permanente a los venezolanos que están en las calles”. Al dirigirse a sus conciudadanos en tierras colombianas, el gobernante los instó a defender “sus derechos y su dignidad”.

Garantizó que las instituciones de Venezuela están “haciendo las gestiones para que todos los organismos de derechos humanos tomen cartas en el asunto” sobre estas agresiones, reportó el diario local Últimas Noticias.

Recordó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez solicitó hace tiempo a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que tomase acciones ante la “violación masiva” de los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos en Colombia por “el gobierno (del presidente) Iván Duque”.

La funcionaria también denunció ante la Organización de Naciones Unidas la violencia, discriminación y xenofobia contra sus connacionales en Colombia, luego de que 362 fueron asesinados en lo que va de 2021. Destacó que en 2017 y 2020 fueron ultimados 2 mil 61 venezolanos en territorio colombiano, mientras en los pasados cinco años se han reportado 836 venezolanos desaparecidos.

Félix Plasencia, canciller bolivariano, consideró ayer necesario que las autoridades colombianas sean sometidas a una auditoría para conocer la gestión de los recursos recaudados para ayudar a los migrantes venezolanos. “Exigimos respeto y una auditoría a la gestión de los recursos recaudados bajo el pretexto de ayudar a nuestra población migrante”, tuiteó.

En otro orden, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó que avanza en al menos dos procesos judiciales por temas de extinción de dominio contra su connacional, el empresario Alex Saab, quien fue extraditado a Miami desde Cabo Verde el sábado pasado, acusado por presuntos actos de lavado de activos y participar en un plan de sobornos.

La extinción de dominio es un proceso judicial en que el Estado reclama el embargo de bienes privados que hayan sido adquiridos, utilizados o destinados para actividades ilícitas; en este caso se trata de predios.

Barbosa indicó que tras emitirse las demandas, un juez local llamó a juicio para el próximo día 25 y aseguró que la fiscalía colombiana tiene un mecanismo de colaboración con el gobierno estadunidense “para establecer si existen personas que hayan desconocido la ley colombiana o sean parte de una red criminal que haya delinquido en el país”.

El gobierno venezolano incluyó a Saab en septiembre como miembro de su equipo negociador en conversaciones con la oposición en México, pero suspendió las pláticas de manera indefinida tras la extradición. El empresario fue detenido en 2020.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Saab y vinculado al gobierno de Maduro.

La dependencia señaló en un comunicado que esta oferta complementa el anuncio de una acusación penal de la fiscalía estadunidense contra Pulido “por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero”.

El Departamento de Justicia informó el jueves que Pulido, de 57 años, y otros dos colombianos y dos venezolanos fueron imputados por un gran jurado del distrito sur de Florida por su presunta participación en una red que blanqueó dinero de un programa para suministrar comida y medicina a Venezuela.

Según la acusación del 7 de octubre, el empresario colombiano y sus cómplices pagaron sobornos para obtener contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela por medio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de propiedad y control estatal.

En este contexto, la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España acordó ayer suspender la materialización de la entrega a Estados Unidos de Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia de Venezuela detenido en 2019, por un error procesal.

Ante un recurso de la defensa de Carvajal de enero de 2020, la Audiencia Nacional señaló en un comunicado que halló un defecto de forma en un auto judicial anterior del propio tribunal, por lo que “ha acordado suspender la materialización de la entrega a Estados Unidos” del general retirado hasta que se subsane dicho error.