La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aclaró en el Senado que los límites a los beneficios fiscales por donativos sólo afectan a una minoría que ha abusado del esquema, en particular a siete integrantes de una o dos familias que en los últimos años han deducido entre 170 y 340 millones de pesos, pero los recursos donados no los destinan a organizaciones filantrópicas, sino a sus propias fundaciones.

Además, resaltó, esas asociaciones abusivas deducen más de lo que aportan y debido a ello, “en las deducciones fiscales de 2020 se inventaron 732 millones de pesos adicionales”.

Al participar en la reunión de trabajo de las comisiones del Senado que dictaminan la minuta de Ley de Ingresos y miscelánea fiscal del próximo año, y ante preguntas de legisladores de oposición, Buenrostro aclaró que de los 10 mil donantes registrados, únicamente unas 50 personas físicas, directores de fundaciones en su mayoría, verán afectados sus ingresos.

Entre ellos situó a los siete personajes que donan millones, “pero no se los dieron a las mujeres maltratadas, no se los dieron a Cáritas, sino fueron directamente a sus fundaciones familiares”.

No es defraudación, pero sí abuso

En breve entrevista final no hizo públicos los nombres porque se lo impide el secreto fiscal. “No no vamos directo sobre ellos porque hacer una auditoría lleva mucho tiempo” y los recursos obtenidos serían pocos. No es defraudación, dijo, pero sí un abuso que no debe tolerarse más.

Durante la reunión con senadores resaltó que se busca robustecer el combate a la elusión y la evasión tributaria, en un país donde prevalece “la cultura de no pago” de los impuestos y 30 millones de registros de contribuyentes presentan irregularidades.

Después explicó que la obligación de registrarse como contribuyentes al cumplir 18 años tiene una doble intención: por principio, hacer conscientes a los jóvenes de que están obligados a cumplir con su país y declarar los ingresos que reciben y protegerlos de robos de identidad, incluso de la delincuencia organizada, sin que estén siquiera enterados.

La nueva medida permitirá que si alguien usa su RFC o lo dan de alta como representante legal de una empresa u otra anomalía, reciba una alerta o le llegue un aviso, como hacen los bancos.

Durante la reunión, senadoras de PRI y PAN insistieron en que las nuevas medidas se inscriben en un marco de terrorismo fiscal, propio de regímenes autoritarios.

En su respuesta, la titular del SAT advirtió que había “un abuso del lenguaje”, explicó, que no se habla de terrorismo educativo por hacer exámenes a los alumnos o de terrorismo penal por encarcelar a los delincuentes, tampoco se debe señalar de terrorismo fiscal hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.

En ese contexto se explica que se finque responsabilidad fiscal a los contadores que no informen sobre esquemas de elusión fiscal. Se trata, detalló, de desmontar los grandes despachos dedicados a defraudar tanto al fisco como a los grandes contribuyentes. Durante la reunión participaron también el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, y el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, quienes coincidieron en que la miscelánea fiscal está orientada a crear una nueva cultura tributaria que erradique la impunidad.

En entrevista, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que la minuta con el paquete fiscal se discutirá el próximo martes en el pleno del Senado.