La declaración de los estados de excepción en Chile y Ecuador es la mejor muestra del fracaso de las mal llamadas democracias. En Ecuador sucede luego de que los Papeles de Pandora revelaron que el presidente Guillermo Lasso tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales y blinda a militares y policías de cualquier juicio por sus actuaciones.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera envía soldados, tanques y helicópteros de guerra a territorio mapuche, para frenar la recuperación de tierras del movimiento. Este hecho se produce mientras la Convención Constituyente sesiona para redactar un texto que supere la carta heredada del régimen de Pinochet.

Lo más objetable es que la mayoría de izquierda de la Constituyente, los movimientos sociales que la integran y el sector de los pueblos originarios que decidieron participar, apenas han hecho declaraciones sin tomar ninguna medida enérgica contra el estado de excepción.

Meses atrás dije que la Constituyente sería la tumba de los movimientos (https://bit.ly/3C0mHuT). Estaba equivocado. En realidad, la lucha popular está mostrando los límites del proceso iniciado en noviembre de 2019 para desviar la lucha callejera hacia las instituciones.

El 12 de octubre, la Comunidad Autónoma de Temucuicui difundió un comunicado donde nombra la realidad en los términos más claros. “Es la demostración objetiva del fracaso de la Convención Constitucional y los escaños reservados, donde la lucha histórica del pueblo mapuche ha sido relativizada y reducida a una abstracción de “pueblos”; ahora en plena discusión y proclamación del Estado plurinacional se ha declarado oficialmente la militarización y la continuación del genocidio del cual el pueblo mapuche ha sido víctima de manera histórica” (https://bit.ly/3mVgTw8).

En un comunicado del 16 de octubre, la Coordinadora Arauco Malleco reafirma su línea histórica de “recuperaciones con base en el control territorial y la transformación de estos lugares, recuperando espacios vitales para la vida mapuche” (https://bit.ly/3jl8eT0).

El texto, firmado por decenas de comunidades, agrega que “el enemigo es el gran capital-extractivista inserto en nuestros territorios y no iglesias, ni el campesinado común”, y considera que “la militarización impuesta por este gobierno fascista responde al avance sustantivo del proceso de recuperación político y territoriales”.

En los hechos, la declaración del estado de excepción pretende frenar la recuperación de tierras que se viene multiplicando en los dos últimos años. De hecho, en los primeros meses de 2021 se ocuparon cinco veces más fundos que el año anterior y la movilización del pueblo mapuche no hace más que intensificarse.

Se pueden sacar algunas conclusiones de esta deriva del Estado de Chile, de la parálisis de la Constituyente y de la persistencia de las comunidades autónomas.

La primera es que el gobierno de Sebastián Piñera y el Estado no encuentran más recursos que repetir y profundizar la militarización para resolver un conflicto histórico. A mediano y largo plazo, no conseguirán sus objetivos, como viene sucediendo cada vez que reprimen. Todo lo contrario, conseguirán más apoyo y solidaridad con el pueblo-nación mapuche.

La segunda consiste en el fracaso de la Convención Constituyente. Por un lado, está siendo paralizada por la derecha y la extrema derecha que buscan su fracaso. Pero, sobre todo, por la debilidad de las y los constituyentes que responden a la izquierda y a los movimientos sociales, que no atinan a tomar medidas drásticas, por lo menos tan radicales como la decisión del gobierno de enviar al ejército a territorio mapuche.

Piñera siguió la onda de los camioneros que paralizaron la circulación en el sur, exigiendo medidas ante el avance del sabotaje mapuche al transporte. Un gremio ultraderechista, que vive del despojo del territorio por el modelo extractivo de grandes plantaciones de pinos para la exportación.

Pero el fracaso de la convención es, también, la derrota de la gran maniobra para conducir la lucha de calles al redil de las instituciones, empeño en el que destacó Gabril Boric, el candidato de la izquierda a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre. En rigor, Boric traicionó la lucha de millones de personas contra el modelo pospinochetista, ya que firmó un Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución sin consultar ni siquiera a su propio partido.

La tercera conclusión, es la fundamental: como demuestra la amplia movilización del 18 de octubre, en el segundo aniversario de la revuelta, amplios sectores de la juventud chilena están retomando el camino de la calle para expresar su rechazo al neoliberalismo militarista chileno. Hubo dos muertos, pero Boric “condenó tajantemente los destrozos, saqueos y enfrentamientos” (https://bit.ly/3G1gT6L).

Es evidente que si llega a la presidencia va a continuar con el extractivismo, seguirá militarizando territorio mapuche y reprimirá con la misma dureza a quienes sigan en las calles.