Entre enero y agosto, 27 mil 861 niñas, niños y adolescentes fueron presentados ante la autoridad migratoria, casi el triple de lo reportado en todo 2020, de acuerdo con la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román.
Al participar en la presentación del estudio La infancia cuenta en México. Frontera sur, que llevó a cabo la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo que el año pasado el número de menores de edad presentados ante las autoridades de migración en el país fue de 11 mil 262.
Apuntó que el Acuerdo Bicentenario aprobado entre los gobiernos mexicano y estadunidense constituye una veta de oportunidad para asegurar que el tema migratorio irregular se atienda desde el origen de sus causas y de manera integral, lo que tendrá que resultar en la disminución de la movilidad humana.
Las condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes, desplazados o refugiados, “siempre se traduce en la pérdida de su hogar, de su entorno social y, no pocas veces, de su propia familia, y en su trayecto hacia un lugar mejor o menos hostil, o con mejores oportunidades, estas niñas y niños quedan expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad y peligrosidad, son discriminados, maltratados y son víctimas fáciles de muchos delitos”, expuso.
Por ello, mencionó, fue necesario desarrollar políticas públicas y medidas de protección específicas para ofrecerles alternativas viables.
México –dijo– no ha sido la excepción en el avance legislativo en la región, “la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político, constituyeron instrumentos de vanguardia en materia del respeto a los derechos humanos”.
Afirmó que se hace indispensable contar con un poder público que reconozca a la niñez el papel prioritario que le corresponde en la agenda nacional.
