Dos discursos políticos y un posicionamiento empresarial emitidos ayer dan cuenta de que el modelo neoliberal no sólo ha perdido legitimidad, sino que constituye una de las mayores amenazas tanto para la humanidad como para el planeta. Por una parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el “modelo actual de capitalismo” se ha agotado y que dentro de ese sistema es “imposible salir del nudo de contradicciones cada vez más complejas que afectan a todos” en ámbitos que van desde la crisis de la ecología, la degradación del medio ambiente, la injusta distribución de los bienes materiales, hasta la escasez de agua, la falta de energía eléctrica o las dificultades para recibir asistencia médica adecuada. En este sentido, lamentó que el coronavirus, en lugar de volverse un factor de cohesión para luchar contra un enemigo común, resultó lo contrario debido a “ambiciones absurdas”.
Por otro lado, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra de visita en nuestro país, señaló la incongruencia de los defensores del neoliberalismo, quienes antes de la pandemia clamaban por más “mercado, mercado, mercado”, pero ante la emergencia sanitaria y económica exigen todas las soluciones al mismo Estado al que tanto debilitaron y achicaron. Rememorando su experiencia al frente de la nación andina, indicó que las sociedades enfrentan dos alternativas: controlar los recursos naturales a través de la administración del Estado o cederlos a las transnacionales que actúan bajo la consigna del saqueo. A partir de esta alternativa, Evo criticó a los partidos que llegan al poder bajo las siglas del socialismo, pero una vez en el gobierno mantienen intacta la estructura de privatizaciones; una traición que comparó con el sistema político estadunidense, donde demócratas y republicanos se alternan sin cambios sustanciales.
Por último, la multinacional energética española Iberdrola condicionó detener la incesante alza de precios de la electricidad a que el gobierno del presidente Pedro Sánchez se abstenga de cobrar impuestos que calificó de lesivos. Esta propuesta leonina se produce cuando las facturas por consumo eléctrico a hogares y empresas ya se ha elevado en 500 por ciento, poniendo en jaque a la industria y orillando a las familias a situaciones absurdas como lavar ropa o pasar la aspiradora de madrugada para evitar las cuotas de horas pico, y que ha empujado a las personas a buscar el auxilio de los bancos de alimentos porque ya no pueden permitirse el gasto de cocinar en casa.
El ejemplo español muestra de manera descarnada que, cuando se le da el control de un sector estratégico como el de la energía, la iniciativa privada lo convierte en arma para chantajear al Estado y la sociedad. En este caso, un conglomerado usa las tarifas eléctricas para lanzar lo que no puede calificarse sino de extorsión, pues en vez de reducir sus márgenes de ganancia, condiciona el alivio a millones de ciudadanos a que el Estado renuncie a una fuente de ingresos indispensable para mantener el funcionamiento de los servicios educativos, de salud, seguridad social y cultura. Un chantaje que, además, se produce a las puertas del invierno, temporada en que el uso de la calefacción electrificada o por gas (también en manos privadas) se convierte en asunto de vida o muerte en una franja del país ibérico.
Cuando hemos llegado al extremo de que el consejo de administración de una trasnacional amenaza de manera directa a millones de personas y pone a un Estado en la disyuntiva entre cobrar impuestos o encarar un estallido de descontento social, está claro que el modelo neoliberal se ha vuelto en todo punto indefendible, y que emprender su desmantelamiento es una cuestión de supervivencia para las grandes mayorías.
