San Cristóbal de Las Casas, Chis., El ayuntamiento de Altamirano, presidido por Gabriela Roque Tipacamú, del Partido Verde Ecologista de México, solicitó licencia ante el Congreso local, lo que abre la puerta a la desaparición de poderes en esa comunidad y la integración de un concejo municipal, como exigen sus opositores. El anuncio ocurre cuando Roberto Pinto Kánter –esposo y antecesor de la alcaldesa– cumplió tres semanas de estar retenido.

Fuentes de la legislatura informaron que el caso fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que dictamine y, en su caso, se declare la desaparición de poderes en Altamirano, municipio situado en la región selva de la entidad.

Además de la alcaldesa, solicitaron licencia el síndico Guillermo Vázquez López y los regidores propietarios Verónica López Pérez, Julio López Morales, Silvia Yáñez Moreno, Romeo López Gómez y Yéssica Magali Moreno Hernández.

Desde el 1º de octubre, cuando supuestamente tomó posesión del cargo en un sitio no revelado, Roque Tipacamú no ha podido gobernar y, según sus opositores, ni siquiera se sabe si está en Altamirano.

Uno de los representantes del grupo antagonista, que pidió el anonimato, comentó que la solicitud de licencia del ayuntamiento ante el Congreso del estado “es una posible solución al conflicto”, pues abre la posibilidad de que se integre el concejo municipal.

“Creemos que ésa es la ruta correcta, ya que es lo que ha demandado la población las últimas tres semanas para que haya gobernabilidad y tranquilidad en el municipio”, agregó.

Las protestas en contra de Roque Tipacamú y de su esposo, Pinto Kánter, cuya administración concluyó el 30 de septiembre, comenzaron el 29 del mismo mes, cuando cientos de pobladores cerraron los tres accesos a la cabecera municipal para exigir la conformación de un concejo municipal.

Uno de los argumentos es que la pareja Pinto-Roque ha gobernado nueve años y buscaba quedarse un trienio más, para lo cual ha utilizado grupos de choque.

Como parte de las protestas, los inconformes retuvieron el 30 de septiembre a Pinto Kánter y en días subsiguientes hicieron lo propio con otros 10 pobladores, entre ellos Antonio García Ruiz, quien se desempeñó como tesorero en el ayuntamiento saliente.

Tres de estos 11 retenidos (Artemio Pérez Jiménez, Fredy Pérez Sántiz y Marcelino Sántiz Jiménez) fueron liberados el martes luego de un acuerdo con la comunidad de San Francisco, de donde son originarios, para que “ya no hagan alboroto”, según informaron representantes del movimiento de inconformes.

En este contexto, el 7 de octubre se presentó públicamente un grupo de autodefensa para apoyar a los pobladores que exigen la conformación de un concejo municipal y la salida de la pareja Roque-Pinto del municipio.

El representante de los inconformes señaló que la noche de este jueves estaba programada una reunión con funcionarios estatales para dar seguimiento a acuerdos de anteriores encuentros, con la finalidad de dar solución al conflicto.

Comentó que a pesar de que los tres accesos a la cabecera municipal se encuentran cerrados desde hace tres semanas, no existe desabasto, pues cada seis horas se permite el paso a todos los vehículos. “La cabecera está muy tranquila, como si no hubiera nada; no hay borrachos ni delincuencia; los mismos habitantes de los 10 barrios y de las comunidades están a cargo de la seguridad”, explicó.

Señaló que el movimiento que controla la cabecera municipal solicitó en días recientes una cooperación de 100 pesos por familia para arreglar una bomba que se descompuso y para reanudar el servicio de agua potable. “Sólo a los que no estaban de acuerdo y protestaban se les pidieron 500 pesos”.