Ante la situación de inseguridad que enfrenta el país y los nulos resultados que ha arrojado el esquema que se ha seguido en los años recientes basado en la militarización, es urgente modificar el “paradigma” para establecer un nuevo modelo más eficaz que reduzca los riesgos de violaciones de garantías individuales, coincidieron especialistas y defensores de derechos, durante un foro organizado por la Universidad Jesuita de Guadalajara.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, destacó que en materia de seguridad México está “viviendo un profundo retroceso” que genera tres grandes riesgos: “No es una política efectiva; las fuerzas armadas son reacias a la rendición de cuentas, lo que puede desequilibrar nuestra de por sí frágil democracia, y una mayor militarización genera más violaciones a los derechos humanos”.

Durante su participación, la especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica, Catalina Pérez Correa, descalificó el crecimiento incesante de tareas asignadas a las fuerzas armadas que actualmente ya acumulan 246. Denunció que 140 de estas asignaciones carecen de transparencia en el ejercicio presupuestal, según el reporte del Inventario Nacional de lo Militarizado”, según el cual las tareas castrenses han aumentado y, con ello, el presupuesto, pero “no así la transparencia ni la rendición de cuentas”.

Ernesto López Portillo, quien trabaja en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, afirmó que el modelo de seguridad obedece a un “paradigma fallido” que es urgente modificar. Es un esquema centrado en el uso de la fuerza y el castigo penal, que está demostrado que no funciona para reducir la violencia. Al contrario, aumenta la fuerza, aumenta la violencia y aumenta la fuerza, un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo.