Cuatro fueron las figuras presentadoras del nuevo paso que los estrategas de una parte del gran capital han diseñado para los partidos políticos que han estado empleando en busca de desgastar y sustituir el proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Tres de esos anunciadores son de índole absolutamente empresarial: Claudio X. González Guajardo, orquestador en jefe; Gustavo de Hoyos, ex dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Argelia Núñez, quien fue directora de Coparmex en La Laguna. La cuarta partícipe es Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre y militante priísta durante décadas; madracista que renunció al tricolor en junio de 2019.

González Guajardo y De Hoyos informaron que están convocando a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática a presentar una candidatura presidencial única en 2024, con el objetivo de echar fuera de Palacio Nacional a López Obrador y Morena. A ese propósito invitan también a Movimiento Ciudadano, que hasta ahora ha sostenido que se presentará por sí a próximas elecciones.

Los activistas empresariales, Claudio y Gustavo, estuvieron en días pasados en la sede nacional del PRI para tratar de impedir que este partido vote en sintonía con Morena y sus aliados en el tema de la reforma eléctrica. La justificación que se asignan, para ese insólito intervencionismo, proviene del organismo llamado Sí por México, que devino en la coalición electoral y legislativa llamada Va por México. Y, como por falta de membretes no se ha de sufrir, ahora se añade, en este proyecto “unitario”, Ciudadanos al Rescate Nacional, Cirena, que hace rima con Frena y pretende confrontar a Morena.

En otro tema: el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos estimó que prevalecería el riesgo de que Rosario Robles Berlanga, dos veces secretaria del gabinete peñista, pudiera darse a la fuga si se le permitía salir de la cárcel, donde está desde agosto de 2019 bajo una acusación menor (ejercicio indebido de servicio público en la modalidad de omisión), en comparación con el monto y las complicidades tejidas para el saqueo de dinero público (más de 5 mil millones de pesos) conocido genéricamente como estafa maestra.

Mantener en la cárcel a la ex dirigente perredista y ex jefa sustituta del Gobierno capitalino provocó las críticas inmediatas de quienes consideran que se le castiga por revanchismo político, utilizando como coartada pruebas presuntamente falsas para negarle la posibilidad de que siga su proceso penal en prisión domiciliaria o con libertad de movimiento restringido y uso de brazalete electrónico de control (al estilo Emilio Lozoya). Sin embargo, el juez federal no se detuvo en este punto de las pruebas presuntamente falsas y consideró que subsiste el alto riesgo de que ya fuera de la prisión intentara darse a la fuga.

Aún entre las aguas judiciales oscuras y siempre susceptibles de la acción bajo consigna, con una Fiscalía General de la República en sistemática y sospechosa lentitud e impericia, y con un proceso por la mencionada estafa maestra que mantiene en la impunidad a muchos de sus principales involucrados, ha de recordarse que en el caso de Robles Berlanga aún hay pendiente otra orden de aprehensión que pudo haberse cumplido si la ex secretaria hubiera sido beneficiada ayer con el buscado cambio de medidas cautelares.

Y no se olvide que en el fondo, en lo sustancial, en el robo a la nación, ni se ha hecho justicia ni las acciones en curso de la fiscalía federal parecen buscarla, al menos en lo inmediato.

Y, mientras el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de manera sugerente acompaña en una mesa principal de Villahermosa el encuentro oficial de siete gobernadores del sureste, acompañado por el canciller Ebrard (por cierto, al embajador le hizo mal comer demasiadas frutas, por lo cual el encuentro hubo de suspenderse en dos ocasiones), ¡hasta mañana!

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