Las mujeres son propietarias de menos de una tercera parte de los núcleos agrarios de todo el país, debido a una serie de factores económicos y socioculturales muy arraigados que las marginan de la toma de decisiones en el campo, les restringe el goce de otros derechos básicos y afecta su calidad de vida.

Así lo advirtió Mabel Almaguer, directora de proyectos estratégicos y responsable de la unidad de género de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien señaló que acabar con dichas condiciones de desigualdad permitiría a las mujeres acceder a créditos e iniciar proyectos productivos.

“Las mujeres son únicamente 29 por ciento del total de las personas que son posesionarias de sus tierras, ya sean ejidos, comunidades o avecindados. Eso te habla de una desigualdad que data de hace décadas, y por eso actualmente estamos realizando acciones para que esa brecha disminuya y sea de al menos 40 por ciento”, indicó la experta en entrevista con La Jornada.

Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en México viven 61.5 millones de personas del sexo femenino, de las cuales 23 por ciento habitan en comunidades rurales y significan 34 por ciento de la fuerza laboral, remarcó el estudio Mujeres por el acceso a la tierra, coordinado por la Sedatu.

El mencionado informe advirtió que uno de los mayores obstáculos de las mujeres en el ámbito agrario es la falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia de la tierra, lo que les impide acceder a la toma de decisiones.

Persiste el machismo

De acuerdo con Almaguer, las razones de ello tienen que ver en buena medida con la falta de recursos económicos de muchas mujeres para trasladarse a las cabeceras municipales y hacer trámites ante la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, pero sobre todo con limitantes culturales que las marginan de los puestos de mando.

“Todavía existe machismo en el campo mexicano y muchas veces los titulares de las tierras son hombres que le siguen heredando a sus hijos varones. Hay ejidos que no ven bien que las mujeres accedan a los títulos de las tierras porque lo sienten como una forma de empoderamiento que va cambiando el statu quo de los núcleos agrarios”, lamentó la experta.

La principal consecuencia de que las trabajadoras del campo se vean privadas de derechos legales sobre las tierras que ellas mismas trabajan es que se les quita no sólo la posibilidad de tomar decisiones, sino también se les restringe su acceso al crédito, los proyectos productivos y la participación en las asambleas de su comunidad.