Morelia, Mich. Cuatrocientos veinticuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán fungieron como escoltas de funcionarios, familiares, amigos y empresarios, incluso como choferes, asistentes, secretarios particulares y empleados domésticos, durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo, acusó ayer el mandatario morenista Alfredo Ramírez Bedolla, quien cumplió 20 días en el cargo.

Sólo para el resguardo de oficinas y de la Casa de Gobierno, residencia oficial del titular del Ejecutivo estatal en turno, así como para la seguridad de su familia, Aureoles Conejo destinó 186 uniformados.

“Mientras que en Aguililla y Tepalcatepec hay una situación complicada (causada por la delincuencia) y ahí es donde debe estar la policía”, reprochó Ramírez Bedolla.

El mandatario michoacano mencionó que 25 oficiales cuidaban a presidentes municipales; 24, a diputados locales y 32 estaban como escoltas del director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial Michoacán.

En tanto, la SSP dio a conocer que sólo 78 de esos policías que fungían como guardaespaldas se han reincorporado a sus labores.

Alfredo Ramírez precisó que están por realizarse auditorías para transparentar el manejo de recursos de la administración anterior, y a partir de ahora se emitirá un reglamento interno para determinar si un funcionario requiere o no seguridad particular, pues está consciente que hay personas que corren peligro en la función pública.

Agregó que utilizará un grupo de escoltas, pero sin exageraciones, porque es una pena que los elementos de Seguridad Pública aparte de hacer labores de guardaespaldas, también los hayan utilizado como choferes, asistentes, secretarios particulares y hasta como trabajadores domésticos.

El pasado 4 de octubre, el actual gobierno anunció una auditoría a las instalaciones del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control e Inteligencia (C5I), que entró en operaciones en septiembre de 2019 durante la gestión de Aureoles, y que en su momento presumió como el más grande de América Latina.

Sin embargo, el complejo tiene goteras y 30 por ciento de las 6 mil 60 videocámaras no funcionan; además, nadie sabe a dónde se envía la información que ahí se concentra, denunció en su momento la nueva administración estatal.

El titular de la SSP, José Alfredo Ortega Reyes, afirmó recientemente que “el C5I costó más de cinco veces de lo que debió ser”, y señaló además que, ante las diversas irregularidades detectadas en la obra y en su operatividad, el gobierno estatal anunció que suspenderán convenios con las empresas contratadas para dicho espacio, y se investigará a fondo para presentar las denuncias penales correspondientes.

El pasado 6 de octubre, Ortega Reyes acusó que la anterior administración rentó cinco helicópteros y un avión durante seis años por un monto de mil 227 millones 865 mil pesos a una empresa que llevaba 14 días de haber sido constituida. En promedio erogaba más de 600 mil pesos diarios por este concepto, y 218 millones de pesos por año de renta de estas aeronaves.

En tanto, hace cinco días, la directora del DIF, Paula Espinosa Barrientos, informó que tras una revisión a los gastos de esta dependencia estatal, no se aclara el destino de mil millones de pesos que debieron aplicarse en 2021, y hay deudas por 735 millones de pesos.