Campeche, Camp., Elementos ministeriales y de Seguridad Pública desalojaron a unas 115 familias de escasos recursos que se asentaron sobre terrenos propiedad del gobierno estatal, ubicados en la comunidad Lerma –aledaña a la ciudad de Campeche– y a espaldas del campo de tiro de la Academia de Policía local. Los uniformados derribaron con tractores y maquinaria pesada al menos 30 chozas de madera y palma.

El martes, agentes ministeriales encabezados por el fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, entregaron a los invasores documentos que daban cuenta de la orden de desalojo, y les dieron 24 horas para sacar sus pertenencias. El operativo inició antier al mediodía, sin respetar el plazo otorgado, y continuó este miércoles.

Los efectivos delimitaron el área invadida con camionetas y cintas, e impidieron que ingresaran los ocupantes que estaban fuera al momento que las labores comenzaron; por eso al menos 20 personas, incluidos niños, pasaron la noche del martes a la intemperie en medio de lluvia.

Los elementos prohibieron la entrada a representantes de medios de información. Quienes lograron filmar o fotografiar las acciones fueron obligados a borrar las imágenes.

Algunas de viviendas deshabitadas fueron destruidas y se llevaron muebles y enseres a la comandancia de Seguridad Pública.

El argumento para ordenar la expulsión de los colonos fue que sus vidas estaban en riesgo, pues residían en una región donde cadetes acuden a realizar prácticas de tiro.

El particular Joel Centeno, quien dijo vivir desde hace más de ocho años en el predio que hasta ayer alojaba a la colonia Tierra y Justicia, aseguró que los ministeriales no mostraron avisos de desalojo, y simplemente ordenaron a las familias que se retiraran. Afirmó que posteriormente los agentes derribaron con tractores chozas y algunas casas de material pétreo.

Nancy Che, habitante de la zona desde hace un año, lamentó que uno de los primeros actos de la gobernadora Layda Sansores San Román fuera su desahucio, y que en lugar de diálogo enviara policías armados a los pobladores, como si fueran delincuentes. “Nosotros votamos por Layda”, dijo.

Los expulsados pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche pues, alegaron, se les impidió entrar o salir de sus hogares y no pudieron alimentar a muchos niños y ancianos.

Además, exigieron dialogar con la gobernadora Sansores San Román, para buscar soluciones a su falta de vivienda. “Somos morenistas que confiamos en el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y en la gobernadora Layda, pero nos han dado la espalda” manifestaron.