El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la fracción VI del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), que prohíbe comercializar los cigarros electrónicos y vapeadores, “es una decisión con graves consecuencias para la salud pública de México”, afirmó Erick Antonio Ochoa, presidente de la organización Salud Justa Mx.
Alertó que los efectos de esta determinación de los ministros afectará “no sólo a la actual generación de niñas, niños y adolescentes, sino a las generaciones futuras, al ser productos altamente nocivos a la salud, pero al mismo tiempo muy atractivos para menores y jóvenes”.
Sin embargo, en entrevista con La Jornada, advirtió que la resolución del máximo tribunal no invalida los decretos que prohíben su importación y exportación, además destacó que quienes quieran beneficiarse del fallo de la SCJN deberán ampararse.
“Adultos tenemos el derecho a elegir”
Mientras tanto, organizaciones como Pro-Vapeo México A.C. celebraron en redes sociales el fallo, al destacar que los “adultos tenemos el derecho a elegir el cigarro electrónico”, además señalaron que fueron “10 años de una prohibición injusta”.
Por su parte, Ochoa explicó que la determinación de la SCJN se dio al resolver una contradicción de tesis entre la primera y segunda sala del Tribunal, por lo que su pleno analizó un proyecto de resolución que “nunca se hizo público, y en el cual las principales argumentaciones son las mismas que ha presentado una y otra vez la industria tabacalera”.
Lamentó que los ministros de la Suprema Corte “no escucharan a los científicos que han realizado investigaciones sin conflicto de intereses y han advertido de los graves riesgos a la salud que implica el uso de vapeadores y de cigarros electrónicos, los cuales no son una alternativa verdadera para dejar de fumar, sino para buscar nuevos nichos de mercado y consumidores”, aseguró.
Asimismo, destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “advierte claramente que no son productos inocuos, sino que por el contrario causan daño a la salud, y que al ponerles sabores de golosinas pueden incluso generar confusión en padres de familia, quienes no adviertan el peligro de su consumo para menores de edad”.
Con esta decisión, insistió, “se eleva el riesgo de no poder ejercer el derecho a la salud, principalmente para adolescentes y jóvenes”.
