Brasilia. Un reporte del Senado brasileño recomendó el miércoles presentar cargos de crímenes contra la humanidad y otros delitos en contra del presidente Jair Bolsonaro por su supuesto mal manejo de la respuesta a la pandemia de Covid-19 en Brasil y contribuir a que el país tenga la segunda mayor de cantidad de muertes por coronavirus a nivel mundial.

El senador Renan Calheiros presentó la propuesta a una comisión de colegas que ha pasado los últimos seis meses investigando la respuesta del gobierno brasileño a la pandemia. La decisión de presentar o no cargos estará en manos del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien fue designado por y es aliado de Bolsonaro.

Bolsonaro le ha restado importancia constantemente a la amenaza del coronavirus y ha promovido desinformación y tratamientos no comprobados contra la enfermedad, además de ignorar los lineamientos internacionales de salud sobre el uso de mascarillas y actividades públicas. Los 11 miembros del panel del Senado examinaron si sus acciones provocaron muchas de las más de 600 mil muertes por Covid-19 que reporta Brasil hasta el momento.

En un reporte de casi mil 200 páginas basado en el trabajo de la comisión, Calheiros pidió que se procese a Bolsonaro por cargos que van desde la charlatanería e incitar al delito, hasta el uso indebido de fondos públicos y crímenes de lesa humanidad.

Al insistir en los llamados tratamientos preventivos —incluido el uso del medicamento contra la malaria hidroxicloroquina— como “prácticamente la única política del gobierno para combatir a la pandemia… Jair Bolsonaro colaboró de manera importante a la propagación del Covid-19 en territorio brasileño y, por lo mismo, se mostró como el principal responsable de los errores cometidos por el gobierno federal durante la pandemia”, señala el informe.

El presidente derechista, quien niega haber cometido ilícito alguno, ha descrito la investigación del Senado en reiteradas ocasiones como un instrumento político con el fin de sabotearlo.

“Sabemos que no somos culpables de nada. Sabemos que hicimos lo correcto desde el primer momento”, afirmó Bolsonaro el miércoles desde el estado de Ceará, en el noreste del país.

La oficina del fiscal general dijo en un comunicado que el reporte sería analizado cuidadosamente cuando sea recibido. Según los analistas, no está claro si Aras presentaría cargos contra el presidente incluso si hubiera fundamentos legales para hacerlo, y que es mucho más probable que el reporte perjudique sus aspiraciones de reelección en 2022 a que lo lleve al banquillo de los acusados.

“El mayor impacto de la investigación es político, porque generó muchísimas noticias que sin duda serán utilizadas por estrategas de campaña el próximo año”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia política en la consultora Arko Advice.

Calheiros, a quien la comisión designó para redactar el reporte, leyó una síntesis ante la comisión del Senado el miércoles. Además de Bolsonaro, el documento recomienda cargos en contra de funcionarios y ex funcionarios de su gobierno, decenas de aliados y los tres hijos del mandatario que están involucrados en la política, así como dos empresas.

La comisión “recolectó evidencia que demuestra de manera abundante que el gobierno federal se mantuvo en silencio y decidió actuar de manera no técnica e imprudente”, afirma el reporte.

El documento puede modificarse antes de que la comisión de 11 integrantes considere ratificarlo: La votación está programada para el 26 de octubre. La aprobación del panel es necesaria antes de que el documento vaya a la oficina del fiscal general, quien tiene la autoridad para proseguir con la investigación y eventualmente presentar cargos.

Pierpaolo Bottini, abogado del Colegio de Abogados de Brasil y quien ha asesorado a los miembros de la comisión, dijo a The Associated Press que el Senado tiene a disposición otras vías para presentar cargos en caso de que el fiscal general no solicite al Supremo Tribunal Federal autorización para investigar al mandatario. Pero dichas opciones tendrían que pasar por el presidente de la cámara baja del Congreso, otro aliado de Bolsonaro.