A los odiadores profesionales del Estado y todo lo que huela a sector público, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) les ha dejado un atento mensaje: “el papel del Estado ha sido esencial frente a la respuesta a la pandemia de coronavirus y debería serlo en la recuperación, por lo que se requieren instituciones públicas con nuevas capacidades”.
Sin la participación del Estado, pues, sería impensable no sólo la vacunación de millones de seres humanos (y buena parte del costo de la investigación que llevó a tener el biológico necesario para combatir el Covid-19) y la canalización de recursos a la población más pobre, sino la recuperación económica del planeta. De hecho, si millones de personas no han sido inoculadas no ha sido por la negativa del Estado, sino por la falta de voluntad de las trasnacionales farmacéuticas que se niegan a liberar –así sea por un breve periodo– las patentes respectivas.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, subrayó que “iniciada la emergencia sanitaria se visibilizó el papel del Estado en el suministro de vacunas, en las transferencias de emergencia a poblaciones vulnerables para apuntalar a los hogares, en la inversión pública para los sistemas de salud –que tenían graves problemas en muchos de los países– y en la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social” ( La Jornada, Dora Villanueva).
Por ello, “el rol del Estado ha sido reconocido, revelado, para liderar los procesos de recuperación pospandemia, pero justamente se requieren instituciones con capacidades renovadas; la pandemia sorprendió a América Latina con pocas herramientas para enfrentar la complejidad de la crisis, la cual pasó de ser sanitaria a económica y luego a social y ambiental, hecho al que se suman los rezagos estructurales ya acarreados. La pandemia mostró en toda su diversidad e intensidad las inaceptables desigualdades de la región. También magnificó sus graves brechas estructurales (…) Se agravaron la baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad” (ídem).
La pandemia deja una enseñanza: “la necesidad de construir instituciones resilientes, con capacidades renovadas, para hacer frente a los crecientemente complejos desafíos del desarrollo. Aunque los países se encuentran aún en medio de la pandemia, con esquemas de vacunación que progresan de forma muy asimétrica, es necesario sobreponerse a la coyuntura y construir de forma participativa escenarios de futuros probables que contemplen un estilo de desarrollo con mayor igualdad y sostenibilidad y que tengan como una condición habilitante la reconstrucción de confianzas en las instituciones para fortalecer la democracia”.
Se trata, dijo, de “una institucionalidad con fortalezas renovadas para interpretar y trabajar en contextos complejos y con altos niveles de incertidumbre, con capacidad no sólo de anticipar, prepararse y responder a las crisis, sino de construir y materializar proyectos con futuro, vigilar proactivamente el presente y reflexionar sobre el pasado, aprendiendo de las experiencias y haciendo posible las transformaciones necesarias. La capacidad del Estado de reconstruir las confianzas es un elemento central para negociar intereses particulares en busca del bien común, para replantear relaciones de poder en el territorio y llegar a los acuerdos y pactos que se requieren para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que asegure una vida digna para todas y todos”.
Y hay que actuar rápido, porque 73 por ciento de los latinoamericanos piensa que sus gobiernos trabajan para las élites y las grandes empresas, no para el pueblo. De ahí la urgencia de “reforzar las instituciones para que sean capaces de responder a la recuperación tras la pandemia y fortalecer los sistemas nacionales de inversión pública para generar empleo de calidad; ésta ha sido un permanente rezago en América Latina, pues representa 17.6 por ciento como proporción del PIB, mientras en el promedio mundial alcanza 26.3 por ciento”.
Las rebanadas del pastel
La Cámara Minera de México, otra plañidera de la cúpula empresarial, dice estar “muy preocupada” por la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, porque, según ella, se generaría energía “muy sucia”. ¡Qué horror!, pero si la suciedad le da asco, entonces debería darse una vuelta por los tiraderos tóxicos que dejan sus agremiados por toda la República.
