Mexicali, BC. Por desacato judicial y omisión, el secretario de Salud de Baja California fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la madre de una menor de edad que requiere tratamiento cannábico.

Arantza Ortiz Arreola, quien padece de epilepsia severa, solicitó la protección del Poder Judicial de la Federación para que la Secretaría de Salud del Estado le proporcionara tratamiento clínico.

El 18 de octubre, Alejandra Arreola, madre de Arantza, acudió a la FGR para presentar la denuncia FED/BC/TIJ/000/2671/2021, en la que advirtió que el doctor Alonso Pérez Rico incumplió con el mandato judicial y mintió ante el Congreso del Estado.

En julio de 2020, señala la carpeta de investigación, un juez otorgó una suspensión que obliga a la Secretaría de Salud de Estado a importar y suministrar de forma gratuita el medicamento a 28 pacientes.

En diciembre, el funcionario bonillista mintió al asegurar que desconocía la suspensión emitida por un juez federal en favor de los pacientes a quienes el gobierno estatal les rechazó el tratamiento, dijo la denunciante, al tiempo de advertir que lo evidenció el secretario federal de salud y optó por decir que carecía de presupuesto a pesar que la Federación "envió más de 21 mil millones de pesos en esa partida”.

La madre advirtió que Arantza “es una niña funcional que va a la escuela y tiene que tomar el medicamento diariamente”, el cual se adquiere en un laboratorio de Estados Unidos y es trasladado a Tijuana por conocidos, "con riesgo a ser detenidos al cruzar la frontera porque en México es mercancía ilegal”.

El abogado de la Fundación Loto Rojo, Emmanuel Farías, señaló que el delito de omisión puede alcanzar entre tres y seis años de prisión, y la investigación contra Pérez Rico continuará "independientemente que deje o concluya su encargo" como funcionario estatal, ya que su administración concluye el 31 de octubre.