Debido a que el principal testigo colaborador enfrenta un juicio de interdicción, que podría declararlo legalmente impedido, fue suspendida por segunda ocasión la audiencia de imputación contra 21 ex funcionarios del sistema penitenciario federal acusados de causar daño al erario al interferir en licitaciones con un valor superior a los 270 mil millones de pesos.
Se trata del ex director administrativo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) Javier Haro de Alva, cuyos abogados notificaron al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México que su cliente estaba sujeto a un proceso de interdicción.
Este tipo de juicios se inician cuando una persona padece una condición física o mental que limita su capacidad para tomar decisiones y, por tanto, si un juez familiar lo autoriza, es necesario que se le nombre a un tutor o representante.
La situación podría impactar en el proceso si el testigo colaborador es declarado como impedido para tomar decisiones legales por sí mismo.
El juez de control, Ganther Alejandro Villar, aceptó la razón para diferir de nuevo esta audiencia, y todavía no hay fecha para su realización, debido a que, por el impacto de la pandemia de Covid-19, se han tenido que reprogramar las diligencias de todos los litigios y no hay espacios disponibles para su desahogo durante el presente año.
Sobreprecios en penales
El caso se trata de las licitaciones para la construcción y administración por parte de empresas privadas de los reclusorios federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, para los cuales se pagaron sobreprecios.
Entre los señalados como posibles responsables está Celina Oseguera Parra, quien era directora del penal de Almoloya de Juárez durante la fuga de El Chapo Guzmán, en 2015. También el general Sergio Alberto Martínez Castuera, ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, que fue coordinador de prisiones federales.
Otros de los citados a comparecer en la audiencia era el ex director general adjunto de Administración de la OADPRS, Miguel Vital Hernández.
Según la carpeta de investigación, los 21 ex funcionarios citados a comparecer habrían obtenido hasta 62 mil 840 millones de pesos al cobrar sobreprecios por los contratos de los ocho penales federales concesionados a empresas particulares.
