El gobierno federal solicitó a una juez del estado de México una prórroga para actualizar o modificar la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 que contemple inocular a los menores de entre 12 y 17 años sin importar su estado de salud, como ordenó la impartidora de justicia. La petición la realizó el viernes pasado a través de la Secretaría de Salud, con el argumento de que no han sido notificados de la suspensión definitiva que le otorgaron a un menor el 7 de octubre.
Sin embargo, el juzgado séptimo de distrito, con residencia en el estado de México, aún no resuelve si concederá la ampliación a las autoridades sanitarias.
Asimismo, Claudia Gámez Galindo, secretaria de dicho juzgado, dio a conocer que el subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Ssa, notificó las gestiones que se encuentra realizando a efecto de cumplimentar la suspensión provisional que le otorgaron el pasado 23 de septiembre a la menor, de iniciales R. A. G. A., para que se le aplique la vacuna anti-Covid.
No obstante, ordenó al coordinador de las Brigadas Especiales en el estado de México cumpla con la suspensión provisional concedida en un plazo de 48 horas. Deberá notificar al órgano jurisdiccional la sede, hora y fecha para vacunar a la menor.
Advirtió que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 262 fracción tercera y 265 fracción primera de la Ley de Amparo y sancionado por el numeral 215 del Código Penal Federal, por lo que “cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos conducentes”.
La semana pasada, la juzgadora concedió la suspensión a un padre de familia. El efecto de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente a un particular, debe tener efectos generales, ya que el juzgado sostuvo que es obligación del Estado mexicano salvaguardar el derecho a la salud y advirtió que el desabasto de la vacuna Pfizer no puede considerarse una justificación para no cumplir con la suspensión.
Gámez Galindo otorgó la medida cautelar a los padres de las menores con iniciales H. J. S. J. y R. A. G. A., quienes reclamaron la omisión de la Presidencia y la Ssa con el fin de autorizar la vacunación para la población de 12 a 17 años, lo que vulnera el derecho a la salud. El fallo apunta que los menores deben ser inoculados entre julio de 2021 a marzo de 2022.
