Fue el viernes 19 de octubre de 2001, hace 20 años, cuando el abogado Gerardo González abrió la puerta del despacho de sus colegas Pilar Noriega y Lamberto González –Zacatecas 31, colonia Roma– y encontró el cuerpo de una mujer. Era su compañera de oficio, luchas y litigios, Digna Ochoa. Tenía un disparo en el muslo y otro en la cabeza.

Dos décadas después el crimen sigue impune. Para el gobierno mexicano ni siquiera existe el caso.

En julio de 2003 una fiscal especial, Margarita Guerra, nombrada por el procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, concluyó que la abogada veracruzana, reconocida internacionalmente por su destacada labor en defensa de los derechos humanos, había creado toda una escena del crimen para suicidarse haciendo creer que la habían asesinado.

Esta conclusión jurídica, inamovible a lo largo de cuatro sucesivos gobiernos en la capital, fue interpretada en su momento por el cineasta Felipe Cazals, autor de la película Digna… hasta el último aliento, “como una afrenta a la inteligencia”. Su familia, defensores de derechos humanos de México, el mundo y una gran franja de la sociedad comparten esa opinión.

La versión del suicidio minimizó líneas de investigación fundamentales, entre ellas el papel del Ejército y el trabajo de Digna en la sierra de Petatlán, Guerrero.

La abogada Magda Gómez escribió en esas fechas: “Se observa un El evidente desequilibrio en el manejo de las líneas de investigación… las relativas a Guerrero y al Ejército sorprenden por la categórica absolución a las fuerzas aludidas”.

Es importante la opinión de Magda Gómez, lo mismo que las de Rosario Ibarra de Piedra y Miguel Ángel Granados Chapa, porque los tres fueron nombrados como “comisión asesora” para dar credibilidad a la investigación. A la fecha, los antiguos investigadores, en particular el ex procurador Bátiz, suelen escudarse en esa comisión para justificar su actuación, pero omiten que los tres, al conocer la desviación y las irregularidades de la averiguación, la criticaron y se deslindaron de ella.

Ochoa tenía 37 años cuando fue asesinada. Nació en Misantla, Veracruz. Su padre era albañil, luchador social por necesidad, con 13 hijos. Logró cursar la carrera de derecho en la Universidad Veracruzana. En 1988 se mudó al Distrito Federal. En los años noventa se decidió por la vida religiosa. Es novicia y después monja dentro de la congregación de las hermanas dominicas, al tiempo que desarrolló su profesión como abogada.

En 1995 se incorporó, junto con Pilar Noriega, Víctor Brenes y otros jóvenes abogados a la defensa de una treintena de presuntos zapatistas encarcelados por la llamada “traición de Zedillo”, entre ellos los líderes del Frente de Liberación Nacional Elisa Benavides y Fernando Yáñez, comandante Germán.

Trabajó por 12 años en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Encabezó también el emblemático caso de los campesinos ecologistas de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que defendían los bosques contra la expansión de la tala y los narcocultivos que impulsaba el entonces cacique Rogaciano Alba. Fueron torturados por militares durante dos días para confesar haber sembrado mariguana. Digna hizo algo que en aquellas épocas no se acostumbraba: citó a declarar a los militares señalados por tortura y en pleno interrogatorio los hizo caer en contradicciones.

Entre 1995 y 2000 denunció 13 amenazas de muerte y un secuestro. Se le asignó una escolta, pero las amenazas nunca fueron investigadas. Por eso, las últimas llamadas amenazantes, las que se cumplieron, ya no las reportó.

El “asesinato de carácter”

Para hacer valer la conclusión del suicidio simulado, durante dos años dos fiscales –el entonces subsecretario Renato Sales y la ex magistrada Guerra– armaron una narrativa para distorsionar la imagen de la abogada. Fue un auténtico “asesinato de carácter”.

Sales apuntó su averiguación a la descripción de la víctima como una personalidad desequilibrada que habría fabricado una serie de “autoamenazas” y escenificado un falso homicidio antes de suicidarse. Guerra fue más allá: encargó un escandaloso “estudio sicodinámico de la personalidad” post mortem que, contando sólo con elementos proporcionados por la propia procuraduría, todos negativos, diagnosticó en la víctima “rasgos congruentes con la versión del suicidio y la pretensión de fingir un asesinato”.

Estos elementos, filtrados selectivamente a medios de prensa afines llevaron a que cierta tarde un tabloide vespertino circulara con el titular “Estaba neuras”.

Para rematar, el 19 de julio de 2003 la ex magistrada Guerra hizo pública su conclusión, en una muy concurrida rueda de prensa frente a Bátiz. Enfocó sus baterías no hacia pruebas periciales que apuntalaran la versión del suicidio simulado, sino a su evidente animadversión hacia la víctima. Pese al impresionante currículum profesional de Ochoa, Guerra aseguró que su trabajo como asesora jurídica del Centro Pro fue “marginal” y su aportación “fue reducida o nula”.

El gobierno de la ciudad, con Bátiz como procurador, dio carpetazo al caso. Por presiones de la familia se reabrió durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Ninguno movió un ápice las conclusiones.

Ninguna de las sucesivas procuradurías de la capital se ha atrevido a revisar la primera versión que elaboró en su momento el investigador Álvaro Corcuera. Sostenía que en el crimen hubo autores intelectuales y materiales, que hubo espionaje a la víctima y describieron una mecánica de hechos basada en las primeras observaciones. Digna Ochoa habría sido sorprendida dentro del despacho, golpeada, arrastrada, sometida y ultimada. Se encontraron en el lugar tres casquillos, uno de ellos ligeramente aplastado, como si alguien lo hubiera pisado accidentalmente.

En 2010 otro equipo de peritos forenses, químicos y de criminalística aportaron evidencias de que antes de los disparos hubo violencia. En las fotografías de la autopsia se perciben heridas en el cuerpo de Digna: una en la ceja y huellas en el cuello, entre otras. Un botón de su camisa había sido arrancado y el saco estaba descosido.

El cuerpo tenía mal colocados unos guantes de látex grandes. En la mano izquierda, con la que supuestamente habría disparado (ella, que no era zurda) los dedos no estaban bien colocados.

En 2010 la defensa de la familia presentó el caso ante la Comisión o de Derechos Humanos con todas estas evidencias. Después de una audiencia ante la Corte Interamericana espera el siguiente paso.