La hegemonía priísta, dada por sentada durante décadas en Chiapas, se quebró en una noche el Año Nuevo de 1994. La realidad era mucho más porosa, la complejidad de los pueblos indígenas resultó venir de lo profundo, tener gran diversidad y estar surcada por importantes tensiones históricas que, tras la ganada visibilidad en la agenda política, se volvieron de interés nacional. Grandes y terribles días se sucedieron en la siguiente década. Chiapas devino un ensayo del futuro en dos frentes opuestos. Los indígenas organizados, en rebeldía, en resistencia, o al menos en protesta contra el gobierno y el estado de cosas eran y son muy numerosos. Contra ellos, la militarización aguda, masiva para los estándares de hace 25 años, estableció una tierra de excepción en las montañas mayas de Chiapas.

La segregación, el racismo, la invisibilidad y el desprecio hacia los indígenas habían sido el sello de la población urbana y de los propietarios, los llamados cashlanes. La desigualdad era abismal, aún después de la Revolución y su distante reforma agraria. En las comunidades se moría de gripe, diarrea, hambre, y a nadie le importaba. Muchos eran esclavos. Elecciones iban y venían, total, las urnas se llenaban solas.

La inesperada emancipación indígena alteró los balances y los cálculos. Como nunca a partir de entonces, los gobiernos del estado han sido inexistentes para fines prácticos (con las relativas excepciones de Roberto Albores Guillén, proactivo colaborador de los generales, y Pablo Salazar Mendiguchía, que dilapidó pronto sus credenciales de demócrata). La entidad pasó de ser “gobernada” desde el centro a gobernarse sola, para bien y para mal. La disciplina zapatista y su autonomía en los territorios donde la ejerce, son una garantía de gobernabilidad, pero también ha generado cualquier cantidad de réplicas de tipo paramilitar que evolucionaron a poderes en sí mismos. Misma respuesta reciben las comunidades y organizaciones pacifistas herederas de la teología liberadora del tatic Samuel Ruiz García.

El rejuego partidario en Chiapas desde que en 2000 llegó la “democracia” según el centro, no por pantomímico ha sido menos despiadado contra las comunidades, que con el ingrediente continuo de la presencia militar en sus territorios siempre estuvo cargada de propaganda contrainsurgente. No menor es el papel de las incontables denominaciones cristianas que con diversos grados de legitimidad y transparencia han abonado divisiones, violencias y pretextos en favor del Estado.

Guerra a largo plazo

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la guerra al gobierno federal. Declaración por cierto que es vigente. Y el gobierno, sobre todo a partir de 1995, respondió con la guerra a largo plazo. Los choques iniciales en enero de 1994, con el gobierno salinista respondiendo con guerra a la guerra, quedaron chiquitos ante lo que se vivió durante la gestión de Ernesto Zedillo.

La división comunitaria se consideró estratégica y fue estimulada por donde se pudo: las confrontaciones entre cristianos evangélicos o pentecostales y católicos; los partidos rojos o verdes contra los amarillos o morados; la insidiosa “regularización” de tierras ganaderas recuperadas por los indígenas gracias a la insurrección; el surgimiento de grupos claramente paramilitarizados, agresivos y bien armados.

La multitud de capas y pliegues que desató tal divisionismo se explica por la gran inversión económica, política, logística, de inteligencia, manipulación y corrupción en las regiones indígenas de la selva, los Altos y la zona norte.

Estos ingredientes generaron un gran desorden que dificulta la convivencia entre hermanos en comunidades, ejidos, municipios y regiones indígenas tradicionales. Todo ello, naturalmente rociado con la introducción sostenida de las armas. Ante el desafío zapatista, el gobierno, que aunque dijera que sí nunca pretendió cumplir las demandas rebeldes convertidas en nacionales para los pueblos originarios, respondió con un escalamiento armamentista sazonado con alcohol, prostitución y drogas.

Permanentes balaceras

Todo esto debe considerarse para interpretar hechos terribles y absurdos como la permanente balacera que sufren unas 15 comunidades tsotsiles de Aldama (o Magdalena). La existencia de grupos de choque, milicias, paramilitares y ahora sicarios en Chamula, Pantelhó, Chenalhó, Simojovel, Ocosingo, Pueblo Nuevo y Altamirano viene tanto de las viejas guardias blancas de los finqueros como de los marginales y delincuentes habilitados como paramilitares en los Altos y la zona norte.

El surgimiento de autodefensas, en principio de lado de los pueblos y contra la delincuencia, puede ser producto del ejemplo de la resistencia armada zapatista y la eficacia de sus autonomías, y no sólo de las perversidades históricas de los cacicazgos locales. Sería el caso de El Machete de Pantelhó, y quizás las autodefensas anunciadas en Simojovel y Altamirano.

Pareciera pesar también la disputa entre dos candidatos a gobernador del bloque por ahora afín al gobierno federal, que garantizaría la continuidad de la farsa política chiapaneca anclada a éste, y refuerza las tempestades que sembraron las agencias e instituciones gubernamentales, las fuerzas armadas y los partidos políticos en los pasados cuatro o cinco sexenios. Las presidencias municipales de los Altos configuran verdaderos narcogobiernos (Pantelhó, San Cristóbal, Chenalhó). Sumemos a esto la expansión en los Altos de Chiapas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas, drogas, pornografía y migrantes. No olvidemos que la entidad se ha convertido en la puerta de entrada de la creciente marea de familias centroamericanas y haitianas. La frontera con Guatemala está fuertemente militarizada.

Grupos políticos dentro de las comunidades indígenas llevan años bloqueando carreteras, reteniendo maquinaria y funcionarios; habitualmente con demandas explícitas, o por conflictos electorales que son endémicos en Oxchuc y otros municipios.

Ahora en las comunidades interceptan a la Guardia Nacional (lo hicieron los paramilitares en Santa Martha, Chenalhó; lo hicieron pobladores de Mitontic para impedir a la GN internarse en los Altos), y además la desarman.

Comisiones negociadoras del gobierno van y vienen en Aldama, Chenalhó, Pantelhó, Altamirano, sin que se contenga la violencia.

Las ejecuciones más graves, que no las únicas, han sido la del fiscal especial para el caso de Pantelhó, Gregorio Pérez Gómez, el pasado 8 de agosto en la avenida principal de San Cristóbal de Las Casas, y la del ex presidente de Las Abejas de Acteal Simón Pedro Pérez Gómez el 5 de julio en el mercado de Simojovel. En ambos casos fueron objeto de una acción de sicarios en motocicleta, que se ha convertido en el nuevo modus operandi. Ya no es represión, sino “delincuencia organizada”.