El gobierno de México está en capacidad de rechazar la reinstalación por parte de Estados Unidos del programa Quédate en México, iniciativa que “viola el debido proceso, el derecho de asilo y los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano”.
Así lo señalaron organizaciones civiles de ambos países, que demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pronunciarse en torno a un amparo que tiene en revisión desde febrero de 2020 –y a la fecha los ministros no han atendido–, a fin de frenar la participación de México en el también conocido como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
A unos días de que la administración de Joe Biden reinstale el MPP –tras una orden de una Corte de Texas–, las organizaciones presentaron ante la SCJN un amicus curiae para fortalecer el mencionado amparo, 302/2020, en el que llaman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a rechazar y no participar en ese programa.
Entre “las condiciones que se señalan en la resolución de la corte de Texas (está) que sin la participación del Estado mexicano el MPP no podrá restaurarse”, subrayaron los organismos, entre los cuales están Asylum Seeker Advocacy Project, Human Rights Initiative of North Texas, International Refugee Assistance Project, Latin America Working Group Oxfam America, Oxfam México y RefugePoint.
Quédate en México fue una de las banderas antimigratorias del ex presidente Donald Trump. Obligaba a quien pidiera asilo en Estados Unidos a permanecer en suelo mexicano –sobre todo en entidades fronterizas– hasta que las cortes en la materia de aquel país definieran sus solicitudes.
Al inicio de su gobierno, Biden anunció su cancelación. Sin embargo, el 25 de agosto de este año un juez del tribunal de distrito de Estados Unidos, con sede en Texas, ordenó su restablecimiento, por lo que se prevé que en noviembre la Casa Blanca lo ponga nuevamente en operación, pero para ello necesita el aval del gobierno de López Obrador, resaltaron las organizaciones.
Indicaron que durante la vigencia de ese programa –de enero de 2019 enero de 2021– se regresó a México a más de 70 mil solicitantes de asilo.
“Dicha población se enfrentó a condiciones precarias de estancia (falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda); además de ser sujetas de extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y diversas autoridades”, enfatizaron.
