Ciudad de México. El rol del Estado ha sido esencial frente a las respuesta a la pandemia de coronavirus y debería serlo en la recuperación, por lo que se requieren instituciones públicas con nuevas capacidades, sostuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Iniciada la emergencia, “se visibilizó el papel del Estado en el suministro de vacunas, en las transferencias de emergencia a poblaciones vulnerables para apuntalar a los hogares”, en la inversión pública para los sistemas de salud —“que tenían graves problemas en muchos de los países”— y en la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social, detalló.

No obstante, también se hicieron evidentes las acciones fragmentadas. “El rol del Estado ha sido reconocido, revelado, para liderar los procesos de recuperación post pandemia, pero justamente se requieren instituciones con capacidades renovadas”, declaró durante la XVIII Reunión del Consejo Regional de Planificación, convocada por la Cepal.

Alicia Bárcena recalcó que la pandemia sorprendió a América Latina con pocas herramientas para enfrentar la complejidad de la crisis, la cual pasó de ser sanitaria a económica y luego a social y ambiental, hecho al que se suman los rezagos estructurales ya acarreados. “La pandemia mostró en toda su diversidad e intensidad, las inaceptables desigualdades de la región”, enfatizó.

“También magnificó sus graves brechas estructurales (…) Se agravaron la baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad”, abundó la secretaria ejecutiva de la agencia de Naciones Unidas.

El estancamiento económico y social ya era evidente previo a la pandemia. Entre 2014 y 2019, el producto interno bruto (PIB) de América Latina creció apenas 0.3 por ciento por año y el porcentaje de la pobreza extrema había aumentado de 7.8 a 11.3 por ciento de la población al paso de esos seis años; mientras la pobreza lo hizo de 27.8 a 30.5 por ciento.

Sin embargo, en 2020 —cuando estalló la crisis por coronavirus— el porcentaje de personas en pobreza pasó de 30.5 por ciento de la población a 33.7 por ciento, un aumento de 22 millones de personas en un año, para alcanzar 209 millones en total, detalló la secretaria ejecutiva.

El porcentaje de pobreza extrema pasó de 11.3 a 12.5 de la población, sumó a 8 millones de habitantes de América Latina en un año, para terminar con 78 millones de personas que viven el día a día barajando entre comprar alimentos, pagar vivienda, acceder a educación y otros derechos esenciales.

Bárcena agregó que en este contexto han aumentado las inconformidades de la población frente a gobiernos cuyo trabajo se percibe lejano a los intereses del pueblo. Consignó que, de acuerdo con Latinobarómetro, sólo en cinco de los 18 países encuestados, menos de la mitad de los ciudadanos cree que ha disminuido la corrupción. “Esto nos mueve a pensar que se ha acentuado la cultura del privilegio”, comentó Bárcena.

También, continuó, 73 por ciento piensa que se gobierna para las élites y grandes empresas y no para el pueblo. A esta percepción se suman hechos, 400 multimillonarios en Estados Unidos incrementaron su riqueza en 40 por ciento.

Además de reforzar las instituciones para que sean capaces de responder a la recuperación tras la pandemia, es “urgente fortalecer los sistemas nacionales de inversión pública” y canalizarlos a sectores dinámicos, que generen empleo de calidad y disminuyan la huella ambiental, comentó Bárcena.

Y es que la inversión ha sido un permanente rezago en América Latina, representa 17.6 por ciento como proporción del PIB, mientras en el promedio mundial alcanza 26.3 por ciento.