La creación de comisiones nacionales de búsqueda en América Latina ha tenido el objetivo de enmendar las graves fallas que los Estados han tenido para afrontar la desaparición de personas. Sin embargo, la voluntad política implícita para corregir en algunos países, como México, es insuficiente “si no se logra traducirla en una política pública desde el Estado, que supere el compromiso del gobierno de turno, se corre el riesgo de que pierda el respaldo para realizar su tarea”.
Según un estudio comparativo sobre las comisiones de búsqueda de Perú, El Salvador, Colombia y México auspiciado por la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ, por sus siglas en alemán), se destaca que nuestro país es el único en el que su vigencia está abierta ante la continuidad de las desapariciones. “Otra particularidad de la búsqueda en México es el alto número de personas desaparecidas en situación de migración, ya sea en el país o en tránsito de Centroamérica a Estados Unidos”, que torna el tema más complejo.
En la actualidad –como se reconoce en el caso mexicano–, “fenómenos contemporáneos como la migración, el tráfico de personas y el crimen organizado en colusión con individuos o instancias del Estado evidencian nuevas dinámicas y perfiles de víctimas de desapariciones forzadas”. El análisis reconoce la relevancia de las CNB como respuesta a una emergencia humanitaria que en Perú, El Salvador y Colombia se desprenden de conflictos internos, por lo que su ámbito se restringe a los hechos ocurridos en un periodo acotado.
En el caso de México, su mandato de búsqueda no está limitado por contextos, razones o consecuencias específicas. “Su origen en 2018 no se debió a una transición política, sino a la secuencia continua de nuevas desapariciones, con un acumulado de decenas de miles de desaparecidos. El ejemplo de México demuestra que el clamor por una búsqueda más efectiva puede llevar a crear tales comisiones fuera de contextos transicionales”.
Aun cuando se destaca la relevancia que han tenido en enfrentar este fenómeno como respuesta a una fuerte exigencia social –a diferencia de los casos de Argentina o Brasil, donde no ha procedido su creación–, en los cuatro casos la legislación que las rige se centra en definir el crimen, las reglas para la investigación y las condiciones de enjuiciamiento. Una estructura que va en detrimento de la obligación del Estado de garantizar lo fundamental: la búsqueda.
En paralelo, los encargados de la investigación, Verónica Hinestroza, Iris Jave y Rainer Huhle advierten un doble reto implícito al crimen de desaparición forzada. “Los tiempos para el avance en cada una no siempre van en paralelo: con la identificación del perpetrador no culmina la búsqueda de la persona desaparecida, y encontrar a ésta no necesariamente coincide con la identificación y la captura del responsable”.
Fenómeno con alta incidencia en la región, la experiencia latinoamericana ha tenido influencia para enfrentarlo en otros países donde el delito se ha hecho presente. A pesar de ello, se enfatiza en que no se ha consolidado este mecanismo para que opere realmente la coordinación institucional, aun cuando en Colombia y México es un objetivo definido en la legislación.
“No basta plantear la cooperación entre instituciones encargadas con la búsqueda. Una búsqueda efectiva requiere de una política pública integral”, señalan.
