Abogados especialistas en materia penal coincidieron en que la ley en el país no garantiza los derechos de todo mexicano y que hay una aplicación selectiva de la justicia. Mario de la Garza, ex presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), señaló que mientras hay un número muy importante de personas de escasos recursos que están siendo procesadas o sin sentencia, hay casos mediáticos donde logran acuerdos políticos.
“Los asuntos de mayor impacto, que tienen inclusive una incidencia política, se defienden con toda la estructura, con abogados de altísimos costos. No digo que esté mal, pero el tema es que hay manera de defenderse de manera muy selectiva y normalmente esos asuntos, salvo algunas excepciones, logran beneficios, acuerdos, para no ser procesados como lo hemos visto últimamente; personas acusadas de corrupción logran estos acuerdos poco transparentes y los ves en libertad, comiendo en restaurantes como si nada pasara, y por el otro lado ves a estos jóvenes en situación de pobreza que están olvidados en los penales, porque como no tienen voz son invisibilizados”, indicó.
Por separado, el litigante Alberto del Río dijo que, en el ámbito de la justicia, el exceso de poder puede entenderse de varias maneras y la conducción selectiva de los instrumentos del sistema es sólo una de ellas; sin embargo, agregó, caben más: suspender el curso de la justicia, modificar las decisiones judiciales, provocar excusas de los juzgadores o sustituirlos y rotarlos de un estado a otro cuando no siguen instrucciones, o sugerencias, por ejemplo, “pero uno previo a todos éstos, notorio y de subrayar en materia penal: la del selectivo ejercicio de la acción penal, es decir, la discrecional decisión de a quiénes investigar, contra quién judicializar un caso, contra quiénes pedir órdenes de aprehensión. La selectividad perniciosa de las fiscalías”.
“Sólo la valiente actuación de cada vez más jueces impide que esa selectividad funcione, y eso en el ámbito federal, pues en la localidad –y me refiero al derecho penal en buena parte de las entidades federativas– no se ha abatido la inercia de la subordinación judicial al Poder Ejecutivo. Y con ello la selectividad, como afrenta a los derechos fundamentales, desde luego.”
Mientras, el abogado Julio Hernández, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), consideró que el sistema de justicia penal en el país está colapsado desde hace décadas, a pesar de que se han hecho varias reformas para mejorarlo, “aunque ninguna ha funcionado”. Añadió que la ciudadanía sigue con la misma percepción de la “corrupción, impunidad de la justicia selectiva como instrumento del poder”.
