La transición energética en el país tiene que ser justa, con la participación de las comunidades y debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, señalaron organizaciones ambientalistas, al advertir que la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno no se dirige a ello, sino que está orientada al impulso de los combustibles fósiles.
En entrevista colectiva, voceros de Greenpeace, Iniciativa Climática de México (ICM), la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Conexiones Climáticas, entre otras, precisaron su posición.
Aunque la reforma plantee un aumento en la generación de energías renovables, si continúa el uso del combustóleo, las emisiones no van a bajar, señaló Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de Energía de Greenpeace. En México, el sector eléctrico es el que más genera emisiones de GEI, de acuerdo con el último inventario del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, apuntó.
Tan sólo a partir de la información del plan de negocios de la CFE y del despacho energético que la Sener presentó la semana pasada, se observa que se priorizan las energías fósiles y se incluyen las plantas termoeléctricas que consumen combustóleo, lo cual tiene un alto impacto en la salud pública, explicó Jorge Villarreal, de ICM.
Pablo Montaño, de Conexiones Climáticas, precisó que sólo tres de las 191 centrales de CFE utilizan carbón, pero hasta 2019 eran responsables de 22 por ciento de las emisiones del sector eléctrico; se trata de Coahuila 1, Coahuila 2 y Petacalco, en Guerrero que, al parecer, ya quema combustóleo. “Estamos en contra de los proyectos de energía renovable que siguen la misma lógica de los de los combustibles fósiles”. Se busca una transición energética en la que participen las comunidades, pero “no vemos que la reforma cambie el paradigma”. Con la justicia energética el objetivo es la democratización de la energía, no a favor de los grandes proyectos ni de que se comercialice, sino que sea un derecho, sostuvo Verónica Méndez, de AIDA.
“Las organizaciones hemos sido críticas de proyectos privados y públicos. En el caso de los eólicos del Istmo de Tehuantepec (donde predominan empresas españolas) se presentaron recomendaciones para cumplir con el enfoque de derechos humanos”, dijo a su vez Anaid Velasco, gerente de Investigación del Cemda.
Desde hace años “hemos señalado a las corporaciones privadas y gobiernos cuando lo que impulsan tienen efectos en detrimento de los ecosistemas y la población”, sostuvo Pablo Ramírez. En varios países se ha llevado a empresas a las cortes judiciales y se ha señalado a firmas como Iberdrola, Exxon y Pemex por igual; “buscamos que se actúe contra el cambio climático”, y hacia donde vemos que se dirige la política pública del gobierno federal; no es para atacarlo.
