Hay al menos seis regiones del país que son “infiernos ambientales”. Se trata de sitios donde hay corredores industriales, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas que han destruido el tejido comunitario y dañado la salud de la población. Hay gran contaminación del aire, el agua y el suelo; hay destrucción de ríos, lagos, bosques y tierras de cultivo; procesos de urbanización descontrolada y de proliferación de basureros y lugares de disposición de desechos tóxicos altamente peligrosos.
Así lo señalan los propios habitantes de El Salto y Juanacatlán, Jalisco; Dolores Hidalgo, Guanajuato; los parques industriales de Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco, en Hidalgo y estado de México; Villa Alta y Tlaxcala, Tlaxcala; Puebla y la comunidad Santa María Zacatepec, en esa entidad, y Coatzacoalcos, Veracruz, en el informe de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas trasnacionales y el libre comercio en México” (Toxi-TourMéxico) que se realizó en diciembre de 2019.
La iniciativa, impulsada por integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México y por el Transnational Institute, consistió en un recorrido por esas regiones, del cual se desprendió el reporte, en el que se destaca que en esas áreas no hay seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, por lo que “se convirtieron en infiernos ambientales”.
El reporte final de la caravana indica que en esas zonas hay una situación de emergencia sanitaria y ambiental, donde “son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores”.
Según destacan, se constató que, para las poblaciones locales, “la instauración de los corredores industriales ha tenido lugar en el marco de un violento despojo de su territorio, privándolas de sus medios de subsistencia económica, social y cultural, destruyendo su salud, a la vez que sus tejidos comunitarios”.
En las regiones predominan problemas de salud como insuficiencia renal, cefaleas, náuseas, dificultad respiratoria y se reportan diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos y malformaciones congénitas, entre otros.
El texto señala que los diferentes gobiernos, en sus tres niveles, “a pesar de tener conocimiento de los padecimientos de la población en estos infiernos ambientales, no sólo no han actuado, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales, ignorando las demandas de los afectados”.
Agrega que las autoridades “han operado como muro de contención del descontento social, mediante políticas de criminalización y represión, sin prevenir la siembra de terror en las organizaciones sociales por diversos grupos criminales. Asimismo, han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que no hacen sino aumentar los riesgos para la población local”.
Precisa que las organizaciones consiguieron este año el compromiso al más alto nivel, por parte de las secretarías de Medio Ambiente y Salud, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de establecer un Convenio Marco de Coordinación y se instauraron las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
