A dos años del tentativo cerco y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del famoso jefe criminal apodado El Chapo, no se ha conocido ni se percibe intención institucional alguna de cumplir la orden de aprehensión ordenada por un juez, con fines de extradición a Estados Unidos, a la que sigue obligando esa entelequia conocida como estado de derecho: ni el Poder Ejecutivo federal ha recompuesto su estrategia para intentar la captura del presunto delincuente requerido por el país vecino ni el Poder Judicial federal ha hecho extrañamiento o exigencia del cumplimiento de su orden abatida por la vía de los hechos.

Privilegiar vidas por encima de la aplicación de la ley fue el válido razonamiento pragmático del Presidente de la República (primero señaló a su gabinete de seguridad como instancia decisoria de la liberación de Ovidio, que él había apoyado como hecho consumado, aunque después reconoció que la instrucción fue dada por él). Pero ese razonamiento circunstancial no debería constituirse, como parece suceder, en una aceptación tácita de la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con la ley en Culiacán, en particular, y en Sinaloa, en general.

La viabilidad y fuerza del Estado quedaron vulneradas en Culiacán el 17 de octubre de 2019, no sólo por la forzada liberación de alguien requerido en septiembre de ese año por jueces de Estados Unidos, sino por la serie de delitos graves que se cometieron en esa insólita resistencia extrema del cártel de Sinaloa ante la pretensión de un grupo de élite del Ejército Mexicano de hacer valer, mediante una estrategia diseñada con toda anticipación, la famosa orden de aprehensión con fines de extradición.

El Culiacanazo, o jueves negro, no debe implicar la declaración tácita de impunidad. Aunque, en general, la estrategia de la actual administración federal contra el crimen organizado ha significado la tolerancia extrema ante diversos hechos delictivos evidentes y constantes, el pendiente relacionado con el mencionado Ovidio es de suma trascendencia en términos nacionales e internacionales, judiciales y sociales.

Como en otros casos, este año Morena ofreció una candidatura a diputado federal a Marco Antonio Pérez Garibay, padre del famoso conductor de automóviles de carreras, Sergio Pérez, Checo, bajo consideraciones de redituabilidad electoral más que de congruencia partidista o ideológica (como en el caso sonorense de la conductora de programas de televisión Lilly Téllez).

Llegado a San Lázaro por la vía de la cómoda representación proporcional, Pérez Garibay expresó en días pasados, durante una sesión de la Comisión de la Defensa Nacional: “No puedo dejar pasar este momento para agradecer a una ex primera dama que apoyó muchísimo a toda mi familia. Lo sabe, diputada Margarita, el cariño que le tenemos, que es parte de la familia: siendo su esposo Presidente de la República ayudó a que llegara nuestro piloto a Fórmula 1. Muchas gracias, Margarita”.

También dijo: “Me ha tocado caminar, gracias a Dios, con todos los ex presidentes que viven el día de hoy (...) Me siento orgulloso de ser amigo de todos los ex presidentes que viven y del actual, mi presidente Andrés Manuel López Obrador”. Sobre aviso no hay engaño.

Astillas

El gobierno de Joe Biden ha hecho saber a la Corte de Estados Unidos que el programa Quédate en México podría reanudarse en caso de que avancen las negociaciones en curso con la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Eso implicaría que el vecino país de nuevo pudiera enviar al nuestro a miles de solicitantes de asilo a esperar las resoluciones tomadas por las autoridades estadunidenses: sería la aceptación renovada de la condición de patio trasero… Eduardo Verástegui, el actor y activista de grupos de extrema derecha, viaja con una delegación de empresarios de Estados Unidos para entrevistarse con gobernadores (ya lo hizo en Guanajuato y San Luis Potosí) y gestionar o concretar proyectos económicos… ¡Hasta mañana!

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