El Senado tiene acumuladas 355 minutas pendientes de dictaminar que le envió la Cámara de Diputados en la 64 Legislatura. A su vez, San Lázaro tiene 145 minutas que le envió el Senado y que no han sido aprobadas. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara alta, informó que cada instancia del Congreso de la Unión revisará las prioridades para, en los próximos meses, aprobar el mayor número de leyes y reformas que están en comisiones.
Entre los temas rezagados en el Senado se encuentra la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Esta minuta modifica la denominación del proyecto del decreto aprobado por la Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 2019. Se propone el cambio de una la ley federal a una ley general que tendrá por objeto reconocer y garantizar la protección, el desarrollo del patrimonio y la propiedad intelectual colectiva.
Reconoce además a los pueblos o comunidades equiparables a los pueblos y comunidades indígenas, los cuales tendrán los mismos derechos establecidos en este nuevo ordenamiento jurídico. Asimismo, modifica conceptos y procedimientos para otorgar consentimiento para el uso de la propiedad, entre otros temas.
También establece que existirán sanciones por la apropiación indebida del patrimonio cultural de estos pueblos.
Otra de las minutas pendientes es el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Cocina Mexicana. Se propone un nuevo ordenamiento con el propósito de fomentar el desarrollo de este ámbito, fortalecer los elementos esenciales de la economía a través de la aplicación de la política nacional de fomento a la cocina mexicana, así como contribuir a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad.
También se encuentra en comisiones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Extradición Internacional. En ella se plantea actualizar las denominaciones Distrito Federal, por el de la Ciudad de México, y Procuraduría General de la República, por el de Fiscalía General de la República.
De igual forma, la cámara alta no ha discutido las minutas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos que tiene por objeto establecer el mecanismo para llevar a cabo dicho ordenamiento.
Se propone regular el derecho de consulta, en lo particular de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, por lo que establece expresamente en esta ley de nueva creación los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar este derecho.
Asimismo, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, con capacidad de emitir actos de autoridad y tomar decisiones plenamente válidas.
Se aclara de igual manera que no podrán ser objeto de consulta: la restricción de los derechos humanos y fundamentales reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales, las acciones emergentes de combate a epidemias, acciones emergentes de auxilio en desastres, las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo federal y, por último, la seguridad nacional y su estrategia.
