Santiago. Dos años después del alzamiento social del 18 de octubre de 2019, los anhelos de la sociedad chilena de gestar un cambio profundo en la estructura política y económica del país siguen pendientes de concretarse y con las esperanzas depositadas en la Convención Constitucional y en las elecciones generales del 21 de noviembre.

“En Chile, desde el estallido, lo que existe es un pacto social roto, cierta disolución de un sentido de comunidad. Eso no lo repara un gobierno, sino un proceso más profundo como una nueva Constitución, es allí donde se pueden tejer y entretejer los nuevos acuerdos de solidaridad y reciprocidad que significan que una sociedad se pueda sentir parte de una comunidad política”, dice Ernesto Águila, politólogo y académico de la Universidad de Chile.

Nada cambió estructuralmente desde aquella jornada en que el país explotó y, literalmente, durante semanas, fue arrasado por una ola de ira popular que incendió y destruyó decenas de estaciones y trenes de Metro, decenas de autobuses, cientos de supermercados, sucursales de las administradoras de fondos de pensiones, de las aseguradoras privadas de salud, junto a farmacias, bancos, peajes y pórticos en las autopistas concesionadas, en general, todo aquello que simboliza los abusos del régimen neoliberal.

Una rabia incontenible reprimida por una furia policiaca brutal que dejó mucha sangre y dolor en las calles: mínimo 34 personas muertas, miles de heridos, 460 de ellos con mutilaciones faciales y pérdida total o parcial de la vista por los escopetazos de los carabineros a corta distancia; 8 mil detenidos y miles de torturados, muchos jóvenes hasta hoy en las cárceles “de forma preventiva” (el gobierno rehúsa dar una cifra), sin que se les formulen cargos.

“El Estado no está cumpliendo con sus deberes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, manifestó recientemente el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Alejandro Micco.

“Hoy en Chile estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. A días del segundo aniversario del 18-O el panorama es desolador”, agregó.

Queda para la historia que el presidente Sebastián Piñera le declaró la guerra a su propia gente, con la interpretación que hizo de lo sucedido.

Las cosas empeoraron desde entonces, en parte por la pandemia; en parte por la escasa y tardía ayuda oficial a las familias; pero también porque la presidencia de Piñera ha ido hundiéndose en el descrédito, ahora rematado por los Papeles de Pandora delatando sus negocios en paraísos fiscales.

El mandatario, con 15 por ciento de aprobación, enfrenta un juicio político en la Cámara de Diputados y es investigado como imputado por la Fiscalía.

Acerca de cómo evolucionaron las cosas, Águila considera que el 18-O tuvo un componente económico social de bajos salarios, malas pensiones y alto endeudamiento de las familias, agudizados en pandemia. Eso fue paliado con tres retiros de ahorros de pensiones por 34 mil millones de dólares.

“Estos paliativos más el bono familiar de emergencia han permitido sortear de momento la crisis, pero no hay soluciones estructurales. Las causas que dieron origen al estallido siguen intactas, lo que abre una interrogante sobre qué tan real y permanente es la relativa tregua social que se vive”, afirma.

Águila sostiene que “el movimiento del 18-O se mueve entre un cierto cauce institucional –la convención constituyente– y un potencial movimiento disruptivo.”

La elección presidencial de noviembre tiene en primer lugar al candidato izquierdista Gabriel Boric (31.3 por ciento de respaldo entre el votante probable), pero avanza el líder de extrema derecha José Antonio Kast (20.2 por ciento).

Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago, comenta que la instalación de la Convención causó cierta sensación de logros por el resultado del plebiscito de octubre de 2020, donde el “apruebo” una nueva Constitución obtuvo 79 por ciento, mientras las fuerzas del “rechazo” sólo obtuvieron 37 de los 155 convencionales.

Dammert, para quien la pandemia impactó la movilización posterior, expresa que a dos años del 18-O “la ciudadanía tiene abiertas las expectativas; sin embargo, el escenario económico y social puede ser catalizador de conflictos y complejidades en la vinculación social. La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos es un elemento que alimenta la sensación de frustración del proceso”.