Ciudad de México. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó al poder legislativo a “emitir un voto sustentado y responsable” ante la iniciativa que fue presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador para modificar la industria eléctrica.

“No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento en favor del bienestar de México”, indicó.

El organismo cúpula aseguró que la iniciativa privada en el país tiene el compromiso de fomentar el bienestar de las familias mexicanas y mejorar su economía, así como “hacer valer el Estado de Derecho”.

Esto, luego que Manuel Barttlet, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) declarara el viernes que de concretarse la propuesta de Reforma Eléctrica, la empresa productiva solo comprará electricidad a las centrales privadas que ofrezcan los mejores precios y que desaparecerán una serie de contratos privados.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar aún más nuestro Estado de Derecho”, planteó el CCE en un comunicado.

Refirió que “los ciudadanos queremos impedir” que desde el gobierno federal, arbitrariamente, se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería “admisible” que cualquiera lo haga o que cualquier ciudadano que considere que una ley no le favorece, la desconozca.

“Utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra nuestro Estado de Derecho es realmente un ataque contra todos nosotros. Es un atentado contra el sistema que tantos años nos ha costado construir y contra los preceptos legales que nos protegen de la arbitrariedad del autoritarismo”, apuntó.

También, señaló que el propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en el sistema constitucional.

“El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida. Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”, detalló.