La iniciativa de reforma energética que modificaría los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución es una cuestión de gran relevancia para el país. La energía es un factor esencial en el funcionamiento de la sociedad.

Los ciudadanos entendemos la relevancia de la energía y en este caso particular, de la electricidad. Se trata de uno de los sustentos básicos del progreso, el bienestar social, la competitividad económica, la cohesión territorial, la creación de empleos y la generación de riqueza.

El desarrollo del capitalismo se ha sustentado en la creación de nuevas fuentes de energía. Lenin, que pretendió la industrialización de toda Rusia, creó en 1920 la Comisión Especial del Estado para la Electrificación y afirmó que el comunismo era el poder de los soviets más la electricidad.

La cuestión energética, hoy, está planteada abiertamente como una transición obligada en el marco del cambio climático.

La iniciativa de reforma energética tiene, naturalmente, un sustento político. Se plantea como la recuperación por parte del Estado, mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la planeación, desarrollo y control del sistema eléctrico nacional.

La CFE: generaría, distribuiría, transmitiría y comercializaría la electricidad. En una exaltada propaganda, dirigida a los ciudadanos-consumidores, la CFE declaró que: “La electricidad era tuya y te la vamos a devolver”.

El proyecto de ley asienta que no se considerará como un monopolio, pero en la práctica tiende a eso, con las consecuencias del caso, mismas que no pueden desestimarse.

Escribo ciudadanos-consumidores por una razón eminentemente pragmática. La electricidad es una necesidad primordial que debe satisfacerse en cantidad suficiente, oportuna, constante y a buen precio; hoy y mañana.

La electricidad en sí misma no es de nadie. La concepción que se plantea para exponer la naturaleza de la reforma con respecto a la propiedad es arcaica. El problema consiste en cómo se genera y se abastece; a qué costos se produce y a qué precios se vende.

Esto concierne a los agentes que participan en la industria: el Estado y los particulares y cómo se definen sus formas de participación del lado de la oferta y la demanda. La regulación es imprescindible. El entorno y las condiciones en este campo están cambiando rápidamente. En 2013 se reformó la Constitución en una dirección, ahora se hace en la otra.

La propuesta de nacionalización de la electricidad está contenida en la presentación de la Sener del Nuevo esquema del sistema eléctrico nacional (https://bit.ly/2Z3bI5x). A esta propuesta ha respondido el sector privado por medio del Consejo Coordinador Empresarial señalando que se trata de “una reforma que lastima a México”. (https://bit.ly/3vynYad). La contraposición, hasta el momento, no puede ser más grande.

El argumento político tiene un alcance legal profundo al modificarse la Constitución. Lo tiene, igualmente, y muy notorio, en cuestiones de índole institucional, empezando por la preminencia que se da a la CFE, cuya larga historia no puede relegarse ahora como algo irrelevante. Se trata, además, de contratos establecidos en la industria y de acuerdos comerciales vigentes.

A la parte política se suman los aspectos técnicos. Políticamente la ciudadanía puede decantarse por una u otra de las concepciones que se postulan, según sus preferencias ideológicas o de índole práctica. En cuanto a los elementos técnicos, la cuestión es diferente. La generación de electricidad tiene, inevitablemente, un contenido material.

Dicho contenido involucra a las tecnologías para producir la electricidad; la disponibilidad; el acceso y el uso de los recursos involucrados, especialmente los no renovables, pero cada vez más los renovables; la infraestructura disponible y la que será progresivamente necesaria; la capacidad de la cobertura actual y futura de energía eléctrica; los costos de la generación; los precios de venta a distintos tipos de consumidores; la gestión eficaz y eficiente del sistema eléctrico; la relevancia para la transición energética del país. Requiere, por supuesto, la constante capacidad financiera para invertir, extender y mantener el sistema eléctrico nacional.

Este breve listado no intenta, obviamente, abarcar la relevancia de lo que se está debatiendo hoy y la responsabilidad que enfrentan los legisladores, sea cual sea el carácter de la ley que habrá de modificar, una vez más, a la Constitución.

En el campo de la transición energética, cuyo significado no puede ser más grande para el país, la reforma asigna a la CFE la dirección y materialización del nuevo escenario en materia de energía, que ha de ser cada vez más limpia. Este planteamiento es de una gran dimensión y, a la vez, de una gran estrechez en su concepción política, institucional e instrumental. Debe ser cuestionado.

El sistema eléctrico debe sustentar el crecimiento y el desarrollo de México, reducir la desigualdad y aumentar el bienestar. Es una de las bases de un país moderno. Su organización no puede afectar negativamente la cuestión más elemental que es el abasto mismo de energía eléctrica y los precios al consumidor.