Ciudad de México. La reforma laboral que desde 2019 se puso en marcha debe “perfeccionarse”, sobre todo en lo relativo a los procesos de legitimación de contratos colectivos de trabajo (CCT), ya que con la actual legislación se complica la posibilidad de que los trabajadores dejen a las grandes centrales “que no representan sus intereses” y se consolide la democracia y libertad sindical, advirtieron especialistas en la materia.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), apuntó que este tipo de ejercicios democráticos no terminan con la jornada de votaciones en la que los trabajadores avalan o rechazan al CCT que esté vigente. Continúa un proceso en el que deciden qué tipo de convenio quieren y qué sindicato debe tener la titularidad del mismo.

“Independientemente del resultado”, en especial cuando es negativo para el sindicato que ostentó el convenio, las votaciones sólo son la primera parte del proceso de legitimación.

Este ejercicio democrático, enfatizó, concluye con la firma de un nuevo CCT por un sindicato “respaldado en su mayoría por los trabajadores”.

Óscar Alzaga, abogado del Sindicato Nacional Minero, coincidió y destacó que en las consultas “los derechos no se pierden, quedan intactos”, más bien se pierde la titularidad del CCT y “se gana la oportunidad de que la voluntad mayoritaria” de los trabajadores defina su nueva representación sindical.

La experiencia de los obreros en la planta General Motors en Silao, Guanajuato, y los de las maquiladoras Parker Brownsville, Tricon de México, AFX Industries y Panasonic, en Tamaulipas, son el claro ejemplo de que la mayoría votó en contra de los contratos colectivos que estaban en manos de organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero no han podido librarse de las “presiones, abusos e intimidación” tanto patronal, como de esa central y otras organizaciones con “líderes charros”.

Los trabajadores de dichas empresas han denunciado que tras el proceso de consulta siguen siendo “hostigados e intimidados”, incluso solicitándoles la firma de documentos en blanco hasta sus domicilios.

En ninguno de estos centros de trabajo se ha llevado a cabo la disputa de la titularidad del CCT.

De acuerdo con la nueva reforma laboral, los sindicatos que pretendan hacerlo deben contar con la constancia de representatividad que otorga el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para lo cual deben acreditar que cuentan con 30 por ciento de apoyo de los trabajadores; después se presenta un emplazamiento a huelga por la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo.

Alberto Romero, coordinador de vinculación de la Universidad Obrera de México, señaló que la reforma citada “es habilitante”, es decir que incentiva la “participación activa del trabajador” para la toma de decisiones en sus relaciones laborales.

“Esta reforma es buena, pero será mejor en la medida en que los trabajadores la tomen en sus manos, se la apropien y la hagan valer”, comentó.

De la Cueva indicó que una vez realizadas las votaciones, las autoridades laborales “tienen que seguir con un papel activo”, desde la difusión de los derechos de los trabajadores, del proceso legal que sigue después de la consulta, así como para garantizar la libertad de asociación a la que las empresas están obligadas.

Romero secundó y dijo que es necesario una gran campaña, primero de iniciación sindical, “qué es un sindicato y para qué están ahí”, y después cómo impacta la legitimación de un CCT a los trabajadores y representantes sindicales.

En su reporte de observación sobre la consulta realizada en la planta GM de Silao, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral cuestionó el hecho de que el sindicato cetemista Miguel Trujillo López tuviera “la rectoría de todo el proceso” de legitimación del CCT, al ser parte interesada en los resultados.

También apuntó que durante la votación “fue la presencia excesiva de personal del sindicato. Este hecho se podría percibir como un recurso intimidatorio o como una presión indirecta sobre los trabajadores a la hora de emitir su voto”.

Derivado de este proceso de legitimación que acaparó la atención internacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está ajustando el Protocolo en la materia, como otorgar mayores facultades de verificación a los inspectores, “para prevenir, para impedir o incluso para corregir hechos o conductas que sean contrarias a la ley".