Resolución de la SCJN puede vulnerar logros laborales universitarios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el 11 de octubre un comunicado en el que informa que decidió la procedencia de sustituir la jurisprudencia P./J.1/96, dando con ello libertad al Congreso para determinar el régimen laboral de organismos descentralizados de carácter federal. Aunque ésta no aplica para organismos autónomos, tememos que se aproveche para tratar de reducir conquistas laborales en las universidades públicas, pues se abre la posibilidad de que sean colocadas en el Apartado B del artículo 123 constitucional.

Con esta decisión de la SCJN, se pone en riesgo la permanencia de las instituciones públicas de educación superior dentro del régimen de autonomía establecido en el artículo 3 de la Constitución. Éste dispone en su fracción VII que las relaciones laborales en las universidades autónomas se normarán por el apartado A del artículo 123, de manera que tales relaciones concuerden con la autonomía y con la libertad de cátedra e investigación. A todas luces, la decisión de la Suprema Corte pone en riesgo la autonomía universitaria, los derechos de contratación colectiva y de huelga de los trabajadores universitarios.

Instamos a los ministros de la SCJN para que aclaren en la redacción final de su resolución, la cual no ha sido publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que las universidades públicas constituyen una excepción en la nueva jurisprudencia. De otra manera, la propia Suprema Corte estaría poniendo en entredicho su carácter de máximo garante de los derechos humanos en México; abriría la posibilidad de que se incumpla el principio de progresividad de los derechos humanos de quienes laboran en las universidades públicas.

Eduardo Correa Senior, Pilar Calveiro Garrido, Rubén R. García Clarck, Tonatiuh Hernández Correa, María de los Ángeles Lara López, Norma Olivares Sánchez, Antonio Rabasa González de la Vega, Irma Ramírez Rubio y Adriana Terán Enríquez

Sobre el glifosato y los transgénicos

La SCJN rechazó el miércoles pasado los amparos que empresas trasnacionales interpusieron contra la suspensión del maíz transgénico; esto es un aplazamiento a su cultivo, porque el juicio principal está en estudio.

El decreto prohíbe el uso de glifosato y el maíz transgénico para humanos, publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2024; previo a éste hubo debate entre el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad que apoya a la agroecología y el grupo pro-glifosato que se basa en un “modelo modernizador agroindustrial” donde participan las transnacionales como Monsanto Comercial, Dow Agrosciences y Rainbow Agro Sciences.

Dicho grupo cuenta con funcionarios aliados que avalan sus intereses y en cuyo liderazgo está Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia e inversionista de transgénicos; Víctor Villalobos, de la Secretaría de Agricultura y Julio Scherer, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, con conflicto de intereses por Julio Sherer Pareyon y Jimena Villalobos.

La caída en la producción de granos básicos como maíz, trigo y frijol ha incrementado las importaciones, cuyo volumen fue de 16.7 millones de toneladas este año, por ello la demanda de estos productos está en oposición a la autosuficiencia alimentaria; además “la austeridad republicana” deriva en una reducción presupuestal rural de 40 por ciento, la baja en los precios de garantía y la productividad, donde los pequeños productores tienen magros rendimientos.

El decreto compromete abordar la ineficacia de gestión del conocimiento-innovación y la organización económica de los actores que adolecen de un sistema financiero cooperativo rural para atender el crédito, seguro, arrendamiento, factoraje, capital de riesgo y cobertura comercial.

Guillermo Portugal Vela

Apoyan iniciativa de la reforma energética

Artistas, Investigadores, docentes y profesionistas del sector cultural y otras instituciones de educación superior; decimos sí a la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética para recuperar la rectoría del Estado en el sector incluyendo al litio que se halla en el subsuelo nacional. Apoyamos y acompañamos esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque será en beneficio de todos los mexicanos y las futuras generaciones.

Virginia Barrera Rodríguez, Julio Rosales, Guillermina Fuentes, César Delgado, Eduardo Espinoza Campos, Rocío Hidalgo, Alejandro González Castillo, Alejandra Estrada, Beatriz Aguilar Plata. Ana María Iturbe, Carlos Pérez Murphy. INAH: Miguel Ángel Castañeda Delgado, José Manuel Figueroa Matus y 15 firmas más

Le cortaron servicio de luz por error

El lunes pasado nos cortaron la luz en la calle de Trípoli 520, pese a que tenemos los recibos de pago al corriente. Lo hicieron un día que no estaba el conserje y sin avisar a la persona que estaba en el departamento. Reportamos al día siguiente y nos dieron una clave (Q07-M2233256086) y luego, en el 071, nos informaron que una cuadrilla denominada M 22-85 habían venido a reconectar el día 15. Pero el reporte que dieron es falso porque continuamos sin luz y el conserje no reportó la presencia de nadie para tal efecto. Exijo me reinstalen la luz.

Eduardo del Castillo Valadez

Corrige origen de la “nueva” estatua

Soy originaria del Xúchitl, Veracruz, comunidad que se encuentra a 15 minutos de Hidalgo Amajac, donde fue encontrada el pasado primero de enero la joven huasteca cuya réplica será colocada en la glorieta donde estaba la estatua de Colón. He escuchado a la jefa de Gobierno y a algunos historiadores referirse a la comunidad como Hidalgo Amayac y lo correcto es Hidalgo Amajac.

Rosalba Campos Pérez