Ciudad de México. La familia afgana en la que hay una embarazada de siete meses, a la cual el jueves le fue negado el acceso a México y fue deportada a Turquía, podrá regresar al país y recibirá protección humanitaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo ayer a La Jornada que acordó con el Instituto Nacional de Migración (INM) dar protección humanitaria a los tres integrantes de ese grupo.

“Esta decisión responde a que ahora que conocemos las circunstancias del caso”, indicó la dependencia, que está en comunicación con la aerolínea Turkish Airlines para que los dejen abordar un vuelo de regreso a México.

Anteayer, este diario dio a conocer que la organización civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) denunció que el INM deportó a esta familia y que ésta había solicitado asilo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero fue subida a un avión de Turkish Airlines para regresarla a su país, pese a que había promovido un amparo contra la deportación.

La SRE indicó que antes de la llegada de los talibanes al poder, la familia había pedido visas de turista en la embajada de México en Irán, diciendo que viajaba de luna de miel y no pidió protección humanitaria ni en la embajada ni por otra vía.

“Cayeron en contradicciones en todo el procedimiento, incluyendo a su llegada en el aeropuerto, porque quisieron entrar como turistas para evitar el procedimiento migratorio correspondiente a la petición de refugio”, de acuerdo con la SRE.

Migración informó en un comunicado que la pareja fue enviada de regreso a Turquía porque al llegar al filtro en el AICM “incurrieron en inconsistencias al no acreditar los motivos de su viaje. Asimismo, al pasar a segunda revisión, para corroborar la información, reiteraron de puño y letra que se encontraban en México por motivos de turismo”.

Consultada sobre el tema, la directora del Imumi, Gretchen Kuhner, admitió que la pareja no anunció desde el principio que solicitaría refugio, pero explicó que muchas personas en la misma situación tratan de ocultarlo, “por miedo” a ser expulsados.

La activista criticó la actuación del INM al afirmar que debió notificar del caso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues bastaba notar que personas de Afganistán se encontraban en México para suponer que podían necesitar ayuda. A las autoridades, dijo, les faltó “sensibilidad y criterio”.

Destacó que “no es un caso aislado. Hace ya varios años organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado esta práctica del instituto en los aeropuertos”.

Agregó que el INM viola flagrantemente las leyes “sin que haya consecuencias”.