El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) denunció ayer que el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a una familia afgana con una mujer embarazada de siete meses tras mantenerla detenida durante 24 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De acuerdo con la asociación civil, la familia solicitó asilo en el AICM, pero fue subida a un avión de Turkish Airlines para ser regresada a su país, pese a que promovió un amparo contra la deportación. Hasta el cierre de esta edición, el INM no había desmentido los hechos.
A reserva de que esa dependencia dé a conocer motivos excepcionales y fundados para la expulsión, lo sucedido constituye una atrocidad y un atropello a los derechos humanos de estos migrantes centroasiáticos. Tal conducta recuerda las muy discutibles actuaciones –por decir lo menos– de agentes migratorios ante personas migrantes haitianas y centroamericanas en diversos puntos del territorio nacional, y de manera señalada en el sureste.
Además de sumarse a esos actos cuestionables, el actual adquiere relevancia especial por la situación que atraviesa Afganistán, cuyo gobierno representa una amenaza directa para la integridad física y emocional de las mujeres. Asimismo, debe resaltarse que la deportación expedita de esta familia contraviene la instrucción presidencial de recibir a las mujeres que huyen del régimen talibán, y que incluso sin esa instrucción las leyes mexicanas impiden enviar a los solicitantes de asilo a una región en la que peligre su vida, por lo cual los involucrados debieron ser recibidos en tanto se procesaba su caso en las instancias correspondientes.
Este deplorable evento deja claro que el INM requiere una renovación a fondo de sus protocolos y una capacitación adecuada para su personal: es urgente instruir a los agentes y autoridades migratorios en asuntos tan básicos como derechos humanos, perspectiva de género, así como procedimientos legales y humanitarios de detención. En este sentido, no puede soslayarse que los llamados “aseguramientos” realizados por el instituto son a todo efecto práctico detenciones y que sus agentes actúan como una fuerza policial, por lo cual deben contar con las competencias para efectuar su labor en un marco de respeto irrestricto a las garantías individuales de todos los migrantes.
