Santiago. Cientos de tropas del ejército y de la marina, a bordo de camiones, helicópteros y blindados, se desplegaron en la Araucanía –el Walmapu, territorio ancestral mapuche–, en el sur de Chile, cumpliendo la orden del presidente Sebastián Piñera, quien el martes decidió la militarización para “enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, como describió al conflicto planteado por los indígenas al Estado por la recuperación de sus tierras y obtención de autonomía.

Las escenas de convoyes militares avanzando por caminos y carreteras que se vieron por la televisión y multiplicadas en redes sociales, recordaron la tristemente célebre “pacificación de la Araucanía” sucedida entre 1860 y 1883, cuando el ejército lanzó una cruenta guerra de conquista y despojo de tierras formalmente reconocidas hasta entonces como pertenecientes al pueblo mapuche, para incorporarlas al naciente Estado chileno, y entregadas después a colonos blancos, muchos europeos, que establecieron latifundios.

Piñera, quien dispuso el estado de excepción constitucional de emergencia durante 15 días prorrogables en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, envió a su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a encabezar la operación. Desde la ciudad de Lebu, capital del Arauco, distante 550 kilómetros al suroeste de Santiago, Delgado explicó que las fuerzas armadas “colaborarán con todos los medios disponibles” con las policías, brindándoles “logística, apoyo estratégico, vigilancia, medios, personal altamente calificado, medios aéreos, terrestres y marítimos”.

“No remplazan a las policías ni pueden hacer acciones directas o autónomas. Sí pueden acompañar el procedimiento, brindar los medios para que sea efectivo, asegurar el área, entregar todos los medios necesarios, incluso inteligencia, pero no pueden participar directamente en el operativo, sino que blindan y colaboran para que las policías ejecuten su labor”, explicó.

Militarizar el Walmapu se convirtió en una persistente demanda de sectores ultraconservadores, derechistas, latifundistas y empresas forestales conforme en los últimos 20 años, pero particularmente los más recientes, diversas organizaciones mapuche posicionaron políticamente sus demandas e incrementaron notoriamente su capacidad operativa en el territorio, desafiando en todo momento y lugar el orden público y a las policías que, pese a contar con miles de efectivos, blindados, cámaras infrarrojas, térmicas y/o nocturnas, helicópteros, drones, interceptaciones telefónicas, etcétera, fueron perdiendo el control en buena parte de los 52 mil kilómetros cuadrados de esas cuatro provincias.

El caos y la falta de estado de derecho hizo que grupos criminales que roban madera y de narcotraficantes, aprovecharan para instalarse allá.

Propósito electoralista

Mauricio Morales, doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Talca, dice que la imposición del estado de emergencia es la más clara señal del fracaso gubernamental y del Estado para garantizar libertad y paz a las personas en la zona.

“Habilitar la participación de los militares, en colaboración con la fuerza pública, demuestra la debilidad del Estado y la inoperancia del gobierno”, afirma. Menciona que ocurre a 40 días de las elecciones presidenciales y legislativas del 21 de noviembre, que el gobierno enfrenta con 15 por ciento de aprobación “y con dos candidaturas que en el mejor de los casos van pelear el segundo lugar, existiendo la posibilidad de que ninguna avance a la segunda vuelta”.

Morales observa un afán electoral en la militarización, en cuanto sirva como “una especie de pegamento” para el votante de derecha, ahora dividido entre el candidato gubernamental Sebastián Sichel, cuarto en las encuestas, y el ultraderechista José Antonio Kast, que marcha segundo.

Recuerda que la derecha viene de sucesivas palizas electorales: en 2021 perdió 58 alcaldías respecto de 2016, ganó una de 16 gobernaciones, no alcanzó el tercio en la Convención y tampoco puede presentar requerimientos ante la Corte Suprema porque sólo tiene 37 de 39 convencionales.

“Es en esta descomposición electoral y arriesgando otra derrota que debe entenderse la medida”, afirma, porque la situación en la Araucanía no ha variado en los últimos meses; “la pregunta es por qué el gobierno tardó tanto en tomar la decisión, por qué lo hace en plena campaña electoral, en medio de una acusación constitucional contra el presidente y en crisis política; y la respuesta es que busca generar pegamento entre los votantes de derecha para evitar un fracaso electoral de mayor envergadura en noviembre”.