Cuando Emilio Lozoya fue extraditado (17 de julio de 2020) lo primero que informó la Fiscalía General de la República fue que del avión que lo depositó en México el ex funcionario iría directo al Reclusorio Norte, en donde un juez de control le notificaría oficialmente los cargos que le imputaban (operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público) y, acto seguido, sería enchiquerado. En los hechos el ex director de Petróleos Mexicanos fue hospedado en un hospital de lujo del sur de la Ciudad de México (el viejo truco de “problemas de salud”, por mucho que la autoridad española certificó que el indiciado estaba sano) y de allí se fue tan campante a su domicilio particular. Es la fecha que no ha pisado cárcel alguna.

Transcurridos 15 meses, Lozoya sigue libre, arropado en su condición –según dicen– de “testigo colaborador”, y la Fiscalía General de la República sigue sin dar pie con bola, mientras el juez que lleva el caso (el que supuestamente lo encarcelaría al bajar del avión) ha pospuesto, una y otra vez, la “audiencia definitiva” del imputado, sin reclamo alguna de la FGR. Ahora dicen que será, si Lozoya no decide otra cosa, el próximo 19 de noviembre. Entonces, ¿tortuguismo o connivencia?

Lo anterior, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “ha presentado siete querellas contra Emilio Lozoya: una por la empresa Yacani, otra por Tochos Holding, una más por los 1.5 millones recibidos de OHL, otra por contratos simulados entre Pemex Exploración y Producción y la Universidad Popular de la Chontalpa, dos por Odebrecht y una por Altos Hornos de México (la del mafioso Alonso Ancira); este último es el único caso judicializado por parte de la FGR y se siguen encontrando más hebras de flujos de dinero ilícitos alrededor del ex director de Pemex, por lo que podrían acumularse más denuncias” ( La Jornada, Dora Villanueva y Roberto González Amador).

Ante las querellas que ha presentado la UIF y el cúmulo de evidencia por ella recabada, la FGR no ha reaccionado y mantiene el ritmo marcado por Lozoya Austin que le ha permitido permanecer en libertad sin mayores contratiempos. De hecho, quien pone en entredicho a la Fiscalía es el propio ex funcionario al exhibirse en un restaurante de lujo. Lo cacharon, y él apuesta, junto con la “autoridad”, a que el escándalo se desvanezca en unos cuantos días.

La UIF hace su trabajo, mientras la FGR voltea para otro lado. De ello da cuenta la información publicada ayer por La Jornada: “Emilio Lozoya construyó una red de lavado de dinero en el extranjero, por medio de la que se triangularon recursos –en su mayoría sobornos de constructoras– que terminaron por regresar a México y constituir la base de su fortuna. En esa red se observan montos millonarios, disposiciones en efectivo, triangulaciones entre empresas, en un entramado del que no se pueden descartar dádivas a otros funcionarios de la pasada administración”.

De acuerdo con la UIF, “el ex director general de Pemex tenía, antes de integrarse al gabinete de Enrique Peña Nieto en 2012, empresas fuera del país que terminarían por ser el vehículo a través del cual se disfrazaron los sobornos de la firma brasileña Odebrecht, de Altos Hornos de México y también de la española OHL. En total, de marzo de 2013 al 30 de julio de 2017, el sistema financiero de México registró como operaciones inusuales 28 millones 789 mil 688.08 pesos que se depositaron a las cuentas de Emilio Lozoya, y salidas por 29 millones 329 mil 359 millones de pesos. En los meses previos a que se volviera director de Pemex, también recibió 45 mil francos suizos, 60 mil dólares y un millón 224 mil euros, a través de 10 transferencias”.

En el extranjero, “Lozoya contó con las empresas Yacani, Zecapan, Latin America Asia Capital Holding y Tochos Holding para ocultar sus operaciones financieras, pero también en México, Odebrecht y sus filiales tuvieron acceso a más de 10 empresas fachadas que así como repartían dinero en estados con elecciones en puerta, tenían vínculos con otras firmas de papel que recibieron decenas de contratos públicos”.

Abundan, pues, elementos para encarcelarlo, pero la FGR parece que no se ha enterado.

Las rebanadas del pastel

Para quienes alimentan la infodemia: en Dos Bocas, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud.