Los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez, acusados de obstaculizar la investigación por la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fueron vinculados a proceso; sin embargo, no pisarán la cárcel, pues permanecen en libertad provisional.
El pasado 22 de septiembre el fiscal para el caso Iguala, Omar Gómez Trejo, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dieron a conocer que los ex empleados de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de la República manipularon la evidencia encontrada en el río San Juan, durante una diligencia ministerial efectuada en el sitio, poco más de un mes después de que ocurrieron los hechos.
Específicamente, Gómez Trejo señaló que, debido a estas manipulaciones ilegales, no se puede descartar que la bolsa con restos óseos encontrada en el lugar haya sido sembrada.
En la carpeta de investigación judicializada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, se menciona que los imputados “probablemente realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos”.
En la audiencia inicial, efectuada el martes pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Jesús Eduardo Vázquez Rea, dispuso que hay suficientes indicios para procesar a ambos funcionarios de la extinta PGR.
El juez de control fijó un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria y ordenó a los imputados presentarse mensualmente a firmar ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, como requisito para seguir en libertad.
