Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un acuerdo para regularizar automóviles con estancia irregular en el país –conocidos como chocolates– en las entidades de la frontera norte.

A los propietarios se les cobrará una cuota, a la que denominó “contribución”, y los recursos generados por esta vía quedarán en las arcas estatales para destinarlos al arreglo de calles.

Expuso que los automóviles en referencia algunas veces son utilizados para cometer ilícitos, porque no se tiene un registro de éstos.

“Vamos a regularizarlos todos; se dará un permiso y se reconocerá la posesión del vehículo. Se pagará una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tiene para comprar uno de agencia, y con ellos llevan a sus hijos a la escuela y realizan sus actividades”, señaló.

En cuanto al destino de la recaudación, dejó en claro que el arreglo de las calles es responsabilidad de las administraciones locales y su gobierno sólo brinda un apoyo. “Digo esto porque ayudamos en Hermosillo y ahora el presidente municipal que está entrando dice: ‘necesito 6 mil millones para el bacheo’; casi está como para que yo le mande decir: ¿y de qué quieres tu nieve?, expresó.

El programa para los autos chocolates se anunciará este fin de semana durante la gira de trabajo del mandatario por Baja California.

Transición en Guerrero

La próxima semana López Obrador visitará municipios de alta marginación de La Montaña de Guerrero, con inicio en Tlapa y posteriormente irá a Metlatónoc, Malinaltepec y San Luis Acatlán, en la zona más pobre del país, para reforzar los programas de Bienestar. El mandatario realiza gestiones y encuentros para lograr una transición “pacífica y ordenada” en el gobierno de la entidad.

Ayer se reunió con la gobernadora electa, Evelyn Salgado, e integrantes del gabinete federal, como parte de las visitas a gobernadores que recién asumieron sus cargos o están por hacerlo.

Subrayó que Salgado tendrá todo su apoyo para seguir reduciendo la violencia y los homicidios, sobre todo en Acapulco e Iguala. La mandataria electa dijo que la atención a los derechos humanos y la seguridad serán prioridad, y que debe terminar la venta de mujeres en la entidad.

Otro de los puntos que atiende el Ejecutivo federal es la crisis financiera de los estados, y aunque ratificó su compromiso de adelantar partidas a fin de que no dejen de pagar la nómina –porque no hacerlo, dijo, sería pecado social–, insistió en que los gobernadores deben hacer un esfuerzo de austeridad y combate a la corrupción.

“Es que hay sueldos de 300 mil pesos mensuales; mucho aparato burocrático, mucho gasto superfluo… Hay gobiernos que destinaban hasta 500 mil pesos a publicidad… pues cómo no va a haber déficit. Hay pensiones de 150 mil pesos al mes, ¿cómo es eso? Ya se parecen a los del Banco de México”.