Por unanimidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la multa por 543 millones 488 mil 615 pesos e inhabilitación de tres años que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a la firma Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México SA de CV en abril de 2019, por mentir y presentar información falsa en uno de los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) le adjudicó de manera directa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La sala superior del tribunal aprobó el proyecto del magistrado Carlos Mena Adame, quien consideró fundados y motivados los argumentos de la Función Pública para sancionar a Odebrecht.
“Al actor (Odebrecht) se le sanciona porque la autoridad advirtió que el 5 de diciembre de 2016, en la celebración del primer convenio modificatorio de formalización, de la sesión de los derechos y obligaciones del contrato A3/15, presentó información falsa con el propósito de lograr un beneficio, pues en la declaración 2.7 manifestó que cumplía con todos los requerimientos legales y autorización necesaria para celebrar y cumplir con el citado contrato.
“Sin embargo, a esa fecha no contaba con el registro de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fue hasta el 25 de mayo de 2017 cuando presentó su registro como generador de residuos peligrosos en la categoría de pequeño generador, no obstante que era su obligación”, señaló el magistrado.
En abril de 2019, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de la entonces titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, sancionó con inhabilitación por tres años y multa de 543 millones 488 mil 615 pesos a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México por no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrar un convenio modificatorio de contrato.
No obstante, la empresa emprendió un juicio de nulidad; sin embargo, ayer en sesión la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside el magistrado Rafael Anzures Uribe, determinó con 11 votos, la validez de la resolución de la Función Pública contra la empresa de origen brasileño.
