Ciudad de México. La audiencia del juicio que se sigue a Ramón Sosamontes, quien fuera jefe de la oficina de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso conocido como la Estafa Maestra, se aplazó para el próximo 29 de octubre, debido a que el juez del Centro de Justicia con sede en el Reclusorio Norte dio positivo a Covid-19.

Este jueves, se llevaría a cabo la diligencia de manera virtual, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputaría por el caso relacionado con el desvío de 5 mil millones de pesos, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, al frente de Sedesol y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Sosamontes es colaborador cercano a Robles Berlanga, quien enfrenta un proceso penal y se encuentra en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego de que en 2019 el juez del caso la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de ejercicio indebido del servicio público.

Entre los datos de prueba que el Ministerio Público Federal presentó en agosto de 2019 en la audiencia de Robles Berlanga, están los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, entre ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de ambas dependencias, y a Ramón Sosamontes, ex director de Comunicación Social de la Sedesol, como involucrados en la firma de esos contratos.

En sólo cuatro años, al ocupar altos cargos dentro de la extinta Sedesol, Zebadúa y Sosamontes suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos.

De acuerdo con las constancias que la Fiscalía, Ramón Sosamontes suscribió dos convenios que causaron daño al erario federal. Uno de ello fue suscrito con Radio y Televisión de Hidalgo, por un monto de 601 millones 658 mil 806 pesos, que entre otras condiciones imponía a la empresa paraestatal elaborar, producir y difundir 8 mil 607 spots de 30 segundos relacionados con una campaña de Cruzada Contra el Hambre, así como también diversos materiales de video y audio que serían material de stock de la Sedesol, pero que, de acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público Federal, nunca se cumplió con lo convenido.