Las organizaciones Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca), Colectivo Ecologista Jalisco, Colima 2030, Conexiones Climáticas, Greenpeace México e Iniciativa Climática de México (ICM) publicaron un comunicado conjunto en el cual sostienen que, de ser aprobada, la iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso por el Ejecutivo federal afectaría los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, además de que se alejaría al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales.
Para los organismos firmantes, “priorizar la generación de electricidad de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas”. Asimismo, abogan por una reforma eléctrica que plantee “una transición energética justa, incluyente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”, y sostienen que “si en verdad importa el bienestar de las personas, el combustóleo, el carbón y el gas no pueden ser parte de nuestro futuro energético”.
Resulta cuando menos sorprendente que organizaciones supuestamente comprometidas con el cuidado del medio ambiente estén tan mal informadas acerca del contenido de la iniciativa presidencial y repitan de manera totalmente acrítica y carente de fundamento los alegatos de las grandes corporaciones privadas del sector, los organismos cupulares del empresariado como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la oposición política que rechaza el proyecto de reforma mencionado.
Como la de los anteriores, toda la argumentación de las ONG referidas se basa en una serie de premisas falsas. La primera falacia se encuentra ya en el título mismo del pronunciamiento, “Combustóleo y carbón: los combustibles más contaminantes, los preferidos de la reforma eléctrica”. Este encabezado no sólo ignora –o finge ignorar– que apenas tres de las 191 centrales operadas por la CFE usan carbón, sino también que la empresa estatal posee 69 plantas de energías limpias y se encuentra trabajando en la construcción o rehabilitación de varias más. Por citar sólo una muestra del absurdo que es asociar a la CFE con las energías sucias, en estos momentos la compañía desarrolla el proyecto fotovoltaico más grande de América Latina en Puerto Peñasco, Sonora, que abastecerá a 4 millones de personas en esa entidad y la vecina Baja California.
En segunda instancia, se intenta hacer creer al público que la iniciativa de reforma es un retroceso en la impostergable transición energética del país, cuando, de hecho, la eleva a la categoría de política de Estado en su propuesta de adición del nuevo párrafo séptimo al artículo 27 constitucional: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que se establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición…”
La tercera de estas grandes mentiras, estrechamente relacionada con la primera, es la que busca instalar en el debate público la idea de que la CFE sólo produce con combustibles fósiles y las compañías privadas sólo generan energía eólica y fotovoltaica. Al respecto, debe insistirse en que, incluso con todas las trabas y sabotajes a que le sometió la contrarreforma de 2013, la empresa productiva del Estado entrega 55 por ciento de la energía limpia generada en México, y que los privados operan también plantas de ciclo combinado, es decir, a base del gas supuestamente rechazado por el grupo de ONG.
En suma, con dolo o por desinformación, lo que se presenta como discurso ambientalista, de promoción de los derechos humanos y combate al cambio climático termina por servir a los intereses de perpetuación de negocios sucios a costa de los objetivos que dicen defender y en detrimento del patrimonio del país.
