Barcelona. Decenas de ex dirigentes catalanes tendrán que depositar los 5.4 millones de euros de fianza que les reclama el Tribunal de Cuentas español por la promoción internacional del fallido proceso de independencia que culminó en 2017, después de que este órgano rechazara el aval que ofrecía el gobierno regional catalán.

La administración regional -presidida por una coalición independentista- creó en julio un fondo para avalar a la mayoría de los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas consideraba responsables de haber malversado fondos públicos para promocionar en el extranjero el intento de secesión.

Entre los requeridos por este Tribunal, que se encarga de fiscalizar el gasto público en España, están los expresidentes catalanes Carles Puigdemont (2016-2017) y Artur Mas (2010-2016) o el exvicepresidente Oriol Junqueras (2016-2017).

Algunas de sus actividades en aquellos años aparecen detalladas en una minuciosa auditoría que desglosa viajes y conferencias internacionales, además de las actividades del Diplocat, un consorcio público-privado que ejerce de brazo diplomático del gobierno regional catalán.

Pero la delegada instructora del caso consideró que la administración regional no puede actuar como avalista de un daño "realizado con negligencia o culpa grave" por sus trabajadores.

"Al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales", escribió Esperanza García en su decisión conocida este jueves.

Las fianzas, que suman en total 5,4 millones de euros, deberán abonarse de forma solidaria y proporcional al tiempo de los reclamados en el cargo y quedarán retenidas por el Tribunal hasta que se celebre un juicio y haya veredicto.

"Dos años después de la sentencia, la persecución contra el independentismo persiste y se intensifica. Ahora, embargándonos, incluso, las casas donde viven nuestros hijos", lamentó Junqueras en un tuit, haciendo referencia a los 13 años de cárcel a los que fue condenado por su papel en la fallida independencia.

Los nueve encarcelados, Junqueras incluido, fueron, sin embargo, indultados en junio por el gobierno español en el inicio de un complejo proceso de acercamiento emprendido por el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y el nuevo gobierno catalán, y que incluye la reciente retomada de la mesa de diálogo.

Pero los sectores más radicales del independentismo son críticos con este deshielo, como ocurre con Puigdemont, quien este jueves pidió que la eventual solución de su situación jurídica -huido de la justicia en Bélgica-, no se incluya en ninguna negociación.