Nueva York. Naciones Unidas pidió el jueves al gobierno colombiano que haga más esfuerzos para reintegrar a ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dejaron las armas y viven de forma precaria, sin seguridad laboral y sin tierras de su propiedad.

Carlos Ruiz, enviado de Naciones Unidas para Colombia, dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que conoció recientemente a ex combatientes de las FARC que producen café o aguacate pero que viven con incertidumbre por falta de acceso a la tierra y vivienda, además de sufrir altos costes operacionales en sus proyectos o apertura de pequeños negocios. Ruiz también destacó la falta de seguridad que sufren: desde que el gobierno firmó en 2016 el acuerdo de paz con las FARC, 296 ex combatientes han sido asesinados.

“En comunidades afectadas por conflicto, ex combatientes y líderes sociales aún sufren las peores consecuencias de las acciones de actores armados ilegales que se aprovechan de una presencia estatal limitada, pobreza y economías ilícitas,” dijo Ruiz.

El funcionario de la ONU habló en momentos en que se acerca el quinto aniversario del acuerdo de paz y justo antes de la visita del secretario de Estado estadunidense Antony Blinken a Colombia la semana que viene.

El acuerdo entre las FARC y el gobierno del entonces mandatario Juan Manuel Santos puso fin a más de medio siglo de conflicto armado. El Consejo de Seguridad revisa trimestralmente la situación del proceso de paz en el país latinoamericano.

La vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo en la reunión que la reintegración de ex combatientes y la lucha por la paz representan mucha voluntad política y un presupuesto y “esfuerzo enorme” para el gobierno colombiano.

“¿Cómo no va a ser un desafío un proceso del cual se desmovilizaron 13 mil 996 combatientes y que implica también un número de familias que están al lado de esos combatientes?," preguntó.

La vicepresidenta afirmó que en el acuerdo de paz no se acordó entregar tierras a ex integrantes de las FARC. Sin embargo, algunos proyectos productivos requieren tierras y, por lo tanto, el gobierno adquirió o arrendó para que los proyectos fueran viables, dijo la canciller. El Estado ya ha invertido más de dos millones y medio de dólares en la compra directa de más de 570 hectáreas para proyectos productivos, expresó Ramírez.

“Ya hay siete mil 100 ex combatientes y sus familias que tienen un ingreso estable gracias a estos proyectos,” aseguró la canciller.

Respecto a las muertes de ex combatientes, Ramírez dijo que éstas se han reducido, aunque aún así “no es justificable ninguna muerte”. Agregó que hay muchos disidentes de las FARC que han matado a ex compañeros de la guerrilla que se han negado a volver al cultivo de la coca.

Según Ramírez, el narcotráfico es un gran desafío sobre el cual “esperamos que las antiguas FARC avancen mucho más en sus compromisos de luchar contra este flagelo”.

La canciller solicitó en la reunión que se amplíe un año más el mandato de la misión de verificación de la ONU en su país.

El último informe sobre Colombia elaborado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, indica que las disputas entre grupos armados ilegales, que incluyen a disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, se han intensificado. Las disputas se deben a control territorial y sobre rutas de tráfico ilícito de drogas.

Se espera que la semana que viene Blinken y Ramírez hablen sobre narcotráfico y generación de oportunidades sociales y económicas, entre otros temas. Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en cuanto a lucha contra el narcotráfico.