Mexicali. Con el voto en contra del magisterio y la ausencia de la burocracia, el Instituto de Seguridad Social de Baja California condonó la deuda de recargos por el incumplimiento del pago de créditos fiscales de aportaciones patronales y cuotas de trabajadores de los ayuntamientos de Tecate y Ensenada, así como de los adeudos no cubiertos, por un monto de 2 mil millones 383 millones.

Con esta medida, los ayuntamientos de Ensenada y Tecate solo estarán sujetos a pagar el 0.1 por ciento de su deuda, correspondientes 1 mil 634 millones 343 mil pesos de Ensenada y 748 millones 537 mil pesos de Tecate al 7 de octubre, a los que sumarían 24 millones 363 mil pesos al último día de este mes. La deuda gubernamental supera los 10 mil millones de pesos de los ayuntamientos y del propio gobierno estatal, pues las administraciones retienen las cuotas de los empleados y no pagan las aportaciones de seguridad social.

Durante el mediodía de este jueves, la Junta de Gobierno se reunió en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California donde los representantes de la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor y la dirección del organismo de seguridad social reunió el quórum para cumplir con el decreto del gobernador Jaime Bonilla de condonar los recargos de esta deuda.

La representante del magisterio estatal, María Luis Gutiérrez Santoyo, lideresa de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), voto en contra de la propuesta al asegurar que atenta contra las finanzas del ISSSTECALI y de los servicios médicos que presta a los trabajadores estatales.

Aunque un día antes se manifestó en contra del decreto de Bonilla Valdez, el dirigente del Sindicato de Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Manuel Guerreo, diputado local de Morena, no asistió a la sesión donde se aprobó la condonación.

El 7 de octubre, el gobernador Bonilla emitió un decreto para condonar los recargos de la deuda histórica de estos ayuntamientos que tiene por incumplir en el pago de aportaciones patronales y cuotas de trabajadores, con base en el “sumo interés” del Poder Ejecutivo de la salud financiera de los municipios del Estado, en este caso consideró de crítica la situación de Tecate y Ensenada en razón de insolvencia económica que le impide cumplir con las obligaciones encomendadas.

Justificó además la constitución del Comité de Presidentes Municipales de Baja California que acordaron solicitar el decreto de los adeudos de recargos generados por la falta de enteros de cuotas y aportaciones al ISSSTECALI. Este comité está integrado por los cuatro municipios, cuyos alcaldes son propuestas del propio Bonilla Valdez: Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada.

Por ello, instruyó a dependencias de su gobierno que forman parte de la Junta Directiva del ISSSTECALI a avalar y aprueben la condonación del 99.9 por ciento de los recargos generados por la falta de entero oportuno de los créditos fiscales por concepto de cuotas, aportaciones y adeudos no cubiertos por los municipios de Tecate y Ensenada.

El director de ISSSTECALI, Odylar Moreno, sostuvo que la condonación de adeudos a los ayuntamientos de Tecate y Ensenada era “dinero de papel”, solo virtual, pues se trata de intereses de incumplimiento de pagos.

El gobernador Bonilla Valdez, de Morena, culmina su administración con una condonación de adeudos de servicios en seguridad social, tal y como inició su administración el panista Francisco Vega que condonó la deuda histórica de los organismos administradores del agua en 2013 y solicitó la aprobación del Congreso local por 5 mil millones de pesos.

SE estima que este ejercicio gubernamental concluya con una deuda de 25 mil millones de pesos producto del refinanciamiento de la deuda, la falta de liquidez financiera de 3 mil millones, entre ellos acreedores, y las deudas con el magisterio por pago de interinos, basificación y jubilaciones, de las burocracia por un préstamo 400 millones, el incumplimiento de pago por más de 3 mil millones de pesos de participaciones federales a municipios y hasta 40 millones de pesos al módulo de riego por la venta de agua para las Ciudades de Zona Costa.

Además, el gobierno de Bonilla enfrenta litigios en contra por la cancelación de contratos de las empresas Sumex por el suministro de energía eléctrica del Acueducto Rio-Colorado-Tijuana y de la empresa Aguas de Rosarito que construiría una planta desaladora para el servicio de agua potable a las ciudades de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, bajo la figura de asociaciones público-privadas.