La cúpula empresarial (entre sus integrantes sobresalen los grandes beneficiarios de la “reforma” energética de Peña Nieto y, desde luego, de las privatizaciones neoliberales) se dice “muy preocupada”, porque la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica creará, “en la práctica, un monopolio”, toda vez que “sectores que hoy están regidos por la garantía de competencia y libre concurrencia –como la generación, suministro y comercialización eléctrica (más subsidios del erario y porteo gratuito)– quedarían reservados al Estado y controlados por la CFE; los generadores sólo podrán venderle a ésta y los consumidores sólo podrán comprarle al gobierno, a las tarifas que disponga”.
¡Qué miedo!, pero de entrada a esa cúpula promotora de la infodemia –para la que reparte una muy buena cantidad de dinero– habrá que recordarle que la Constitución, en su artículo 28, deja en claro que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (…) planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica…”.
Pero ya que el Consejo Coordinador Empresarial (y sus jilgueros maiceados) dice estar “muy preocupado” por los monopolios y duopolios en México, bien haría en combatir e intentar desmantelar los existentes en, por ejemplo, los sectores cementero, refresquero, cervecero, gasero, panificador (léase Bimbo), farmacéutico, telefónico, minero, bancario, ferrocarrilero, de la televisión y la radio, etcétera, etcétera, todos ellos en manos particulares gracias a la política privatizadora del régimen neoliberal. Allí sí hay mucha tela de dónde cortar, aunque la cúpula empresarial finja demencia.
Por cierto, algunos antropólogos dicen haber hallado indicios lejanos sobre la aparente existencia de una presunta comisión “independiente” (la Federal de Competencia Económica, de origen salinista) dedicada, supuestamente, a “garantizar la libre competencia” y “prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”. Pero todo indica más que indicios se trata de otro cuento neoliberal, porque a raíz de la creación de ese ente –privatización de por medio– los monopolios y duopolios en el país crecieron como la espuma y como por arte de magia sus dueños comenzaron a ser enlistados entre los multimillonarios Forbes. Y ello se dio cuando al “muy preocupado” cuan “antimonopólico” CCE lo agarraron dormido.
Para la cúpula empresarial el robo, el saqueo, el atraco en despoblado (siempre a costillas del erario) es válido y “legal” si el beneficio es para ella; lo demás, es “condenable y no debe ser permitido, por ilegal”. Por ejemplo, para ella es “totalmente legal” que consorcios (monopólicos o duopólicos) como Oxxo (Femsa, principal embotellador de Coca-Cola en México), Walmart (Bodega Aurrera, Sam’s y otras cosillas) o Bimbo (monopolio del pan industrializado) paguen mucho menos por el consumo de energía eléctrica que un hogar mexicano, sin importarle que sea un fraude a la nación.
En la mañanera de ayer se hizo pública la siguiente información: una familia mexicana paga 5.20 pesos por kilowatt; Oxxo 1.80 (65.4 por ciento menos que en el primero de los casos); Bimbo y Walmart 1.70 (67.3 por ciento menos que los de a pie). Un verdadero asalto, pero el CCE asegura que es “legal y justo”.
En fin, como ayer lo subrayó el presidente López Obrador, “lo que prevalece es el abuso, el robo de empresas a toda la población y al erario. Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores y entonces modificaron la Constitución, las leyes para poder saquear con visos de legalidad; es un pacto de corrupción generalizado. Pero esto no es casual, es que los dueños de Oxxo eran los que mandaban en México” (junto con otros pocos).
Las rebanadas del pastel
Qué casualidad: justo en la refinería de Dos Bocas, con 65 por ciento de avance en la obra, la constructora ICA Fluor (beneficiaria del Fobaproa, entre tantas otras cosas) promueve el paro de labores de su personal, al negarle aumento salarial, pago de horas extra y dotación de equipo de seguridad, amén de que “la compañía y su sindicato violan sus derechos al descontarles casi 50 por ciento de sus sueldos”. Clásico entre quienes chiflan y comen al mismo tiempo.
