Resulta que Miguel Ángel Vásquez Reyes, recién excarcelado y ahora recluido en su domicilio como testigo protegido, no ha redituado, cuando menos eso parece, lo que las autoridades judiciales de la ciudad pretendían.

Según se ha empezado a decir en la propia Fiscalía General de Justicia, no está clara la forma ni los motivos por los que se encuentra fuera del reclusorio, pues al parecer las promesas que supuestamente ofreció no tienen ningún sustento.

Para ser más claros, sus dichos no tienen ninguna posibilidad de ser sustentados con pruebas reales. La idea de que el ex funcionario engañó a la Fiscalía, o de que ésta se ha dejado engañar, crece peligrosamente a diario y eso ya preocupa en otros ámbitos de los gobiernos local y federal.

Todo lo que hemos dicho arriba tiene como base el silencio con el que se han cubierto las actuaciones y las declaraciones de Vásquez Reyes, a quien en abril pasado se le vinculó a proceso por un desfalco en el erario por 266 millones de pesos, más o menos, aunque también pesa en su contra otro delito luego de adjudicar en 2017 un contrato por prestación de servicios de 290 millones de pesos y de simular la creación de cuando menos tres empresas para recuperar el impuesto sobre la renta como participación federal para desviar 986 millones de pesos.

La oferta que se hizo para que quien fungió como subsecretario de Administración y Capital Humano, durante el gobierno local anterior, era la de proporcionar información que permitiera enderezar algunas denuncias en contra de ex funcionarios de la administración capitalina, y aunque se ha dicho que ya ha dado algunos datos importantes, todavía no se sabe si tienen algún sustento documental, por ejemplo, o si sólo se trata del blablablá que no lleva a ningún lado.

El supuesto es que Vásquez sabe demasiado. Su paso por el gobierno de la ciudad, se ha dicho, le dejó información valiosa para desvelar verdades sobre la corrupción en la ciudad, pero eso hasta ahora no ha sido más que una serie de dichos que no deberían ser un factor para que librara la cárcel.

La Fiscalía tiene ahora dos trabajos mayores: primero, justificar por qué permitió su excarcelación si no se habían exhibido pruebas irrefutables de las cosas que dijo saber y, luego, recuperar la confianza ciudadana que ya está en entredicho porque no se tienen resultados sobre la actuación de la fiscal Ernestina Godoy, quien prometió ser ella quien habría de tomar la declaración, muy probablemente la semana pasada.

De pasadita

La guerra de los gaseros no ha parado. Resulta que la urbe fue dividida y repartida entre las empresas que surten el energético. Es muy probable que el miedo a una acción que pusiera en jaque a la zona metropolitana del valle México sea el factor por el que las autoridades no hayan intervenido para poner orden.

Ya se sabe que los repartidores de gas no sólo venden el combustible que les surte Pemex, sino que además lo hacen con cargas incompletas y hasta con huachicol, es decir, se ha creado un mafia que debe ser frenada de inmediato. El gas que vende el gobierno a una sola alcaldía no es suficiente, el problema se ha expandido y puede salirse de control si no hay un plan para atacar el mal.

Es una mafia. El gobierno lo sabe, tiene en claro cada uno de los movimientos de esos grupos; si el miedo pesa sobre las decisiones será difícil resolver el problema que, como decimos, tiende a crecer. Ojalá no nos explote.