Debido al regreso a clases presenciales en la educación básica, los padres siguen tramitando cientos de amparos de manera particular o colectiva en la Ciudad y estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí y otras entidades, para que el gobierno federal inocule a sus hijos contra el Covid-19.
Los juzgados de todo el país reciben en promedio hasta 200 recursos al día, promovidos por tutores, colectivos u organizaciones no gubernamentales.
Esta semana, juzgados del estado de México otorgaron suspensiones de plano a menores, quienes reclamaron la omisión de la Presidencia y la Secretaría de Salud federal de aplicarles el biológico.
Los recursos se suman a la suspensión definitiva que obtuvo un particular, que ordena a las autoridades modificar la política de vacunación contra el Covid-19, con el fin de inmunizar a menores de 12 a 17 años sin importar su condición de salud. Para ello contará con un plazo de 48 horas a partir de la notificación. El gobierno federal puede impugnar el fallo ante un tribunal colegiado, el cual resolverá si confirma, modifica o revoca las suspensiones.
Claudia Gámez Galindo, secretaria del juzgado séptimo de distrito en funciones de juez, con sede en Naucalpan, estado de México, otorgó la medida cautelar con efectos generales a los padres de los menores con iniciales H. J. S. J. y R. A. G. A., la cual ordena aplicarles la vacuna anti-Covid.
La impartidora de justicia argumentó que es obligación del Estado mexicano salvaguardar el derecho a la salud y advirtió que el desabasto de la vacuna Pfizer no puede considerarse una justificación para no cumplir la suspensión. La resolución indica que los menores deben ser inoculados entre julio de 2021 y marzo de 2022.
La jueza apuntó que el regreso voluntario a las aulas “no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a menores de 18 años”.
Hasta septiembre se habían concedido alrededor de 300 suspensiones para que menores sean vacunados debido a que manifiestan condiciones de salud que los hace más vulnerables a contraer el virus.