La sede de la Secretaría de Gobernación (SG) permanece con bloqueos de distintos grupos y manifestantes que mantienen cerrados la mayoría de los accesos al sitio.

Desplazados de comunidades de los municipios guerrerenses de Leonardo Bravo y Zitlala sumaron 20 días con un campamento en la entrada de la dependencia, en la calle Abraham González.

Desde 2019 acordaron con autoridades federales que los afectados recibirían atención humanitaria y la calidad de víctimas, así como una ruta para el retorno a dichas localidades, pero no se ha avanzado, indicó Teodomira Rosales, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa, Guerrero.

La respuesta de las autoridades fue que “era imposible” el retorno porque “no hay garantías de seguridad para las víctimas desplazadas”. Por ello, plantearon la posibilidad de una reubicación. Apuntó que a 80 personas se les otorgó ayuda humanitaria y la calidad de víctimas, pero faltan 114 que no han sido atendidas luego de dejar sus hogares hace casi tres años.

“Estamos sin respuesta, no nos han recibido, la Comisión de Derechos Humanos se está tardando; ya tuvimos una reunión el viernes pero no garantizan que habrá atención a las víctimas”, agregó. La mayoría de los afectados, añadió, están en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Víctima de tortura

En el campamento también se encuentran Óscar Alejandro Kabata y su madre, Laura Kabata, quien expuso que su hijo fue víctima de tortura infligida por integrantes del Ejército hace 12 años, por lo que iniciaron un plantón en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace seis meses para pedir una reparación justa de los daños.

Tras haber recibido “amenazas y (ser) rociados con gasolina” por personas que aseguran podrían ser elementos del Ejército sin uniforme, decidieron manifestarse en la sede de Gobernación. En protesta por la falta de atención, el lunes ambos se extrajeron sangre con un catéter y la arrojaron afuera del edificio.