Santiago. Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Papeles de Pandora.

Piñera usó "su cargo para negocios personales", dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas.

Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno "no tiene fundamento alguno", se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).

Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso a la AFP.

De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.

Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso.

El gobierno acusó a la oposición de presentar "una acusación sin fundamento jurídico" en busca de réditos políticos. "Es lo más sucio de la campaña electoral", afirmó el ministro portavoz, Jaime Bellolio, insistiendo en la inocencia de Piñera.

La publicación de los Papeles de Pandora colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga.

Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.

El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".

El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.

Proyecto minero y portuario

El presidente asegura que no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga porque puso sus activos bajo fideicomisos ciegos en 2009. Además, sostuvo que este tema es una "cosa juzgada", pues estos hechos "fueron investigados en profundidad" por la Fiscalía y sobreseídos por los tribunales en 2017.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró el viernes que no hay "cosa juzgada" porque esta venta no estuvo "expresamente" incluida en esa causa.

El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, incluye la explotación de dos minas a cielo abierto -de hierro y de cobre- en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago.

También contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80 por ciento de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.

Durante su primer mandato, Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, perteneciente a la firma franco-belga Suez, que iba a instalarse cerca de Minera Dominga.

Después de cancelar ese proyecto, Piñera no volvió a manifestarse sobre la protección de esa zona que su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, trabajó para convertir en Parque Nacional y evitar así cualquier actividad que la amenazase.

Contra las cuerdas

Piñera, de 71 años, seguirá en su cargo mientras avanza el proceso en el Congreso.

Una vez presentada la acusación, la Cámara Baja conformó por sorteo una comisión investigadora de cinco miembros, que preparará un informe recomendando o desestimando el pedido de destitución. Piñera puede presentar sus descargos en forma presencial o escrita.

El grupo quedó integrado por dos diputados oficialistas y tres opositores, entre éstos la socialista Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende (1970-1973).

Independientemente del dictamen de la comisión, la causa deberá ser debatida y votada por el plenario de la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría holgada (83 de los 155 escaños).

Si la Cámara Baja da luz verde, la causa pasará al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren dos tercios de los votos para destituir al presidente.

A fines de 2019, Piñera ya sufrió un intento de acusación por la violenta represión de las masivas manifestaciones contra la desigualdad, pero la iniciativa no prosperó.

Piñera es el segundo presidente chileno que encara un proceso de destitución. El anterior fue Carlos Ibáñez del Campo en 1956, pero la causa fue desestimada.