Zacatecas, Zac., Los 34 expedientes de investigación por presuntos actos de corrupción que abrió la administración del ex gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna (2016-2021), contra funcionarios de su antecesor Miguel Alonso Reyes (2010-2016), recién designado secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fueron desechados por el actual gobierno morenista de David Monreal Ávila, quien consideró “prescritos”, los presuntos delitos.
Hubelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública de la nueva administración estatal, informó lo anterior a los medios, por órdenes del mandatario, quien hace un mes asumió el gobierno estatal.
Explicó que por instrucciones de Monreal Ávila se efectuará “un análisis, revisión y auditoría profunda al gobierno del estado de Zacatecas”, con el objetivo “de erradicar la corrupción y castigar a los funcionarios y ex funcionarios que hicieron mal uso de su poder y lastimaron a la sociedad zacatecana”.
La acción, dijo López Loera, responde a que, para el gobernador, “combatir la corrupción no sólo será discurso, actuaremos en hechos; las familias zacatecanas merecen resultados”.
Sin embargo, la funcionaria admitió que, luego del primer mes al frente del gobierno, tras comenzar la revisión de las finanzas públicas “en la Secretaría de la Función Pública nos encontramos con hechos negligentes y llenos de omisiones”.
“Por ejemplo, en el sexenio pasado se aperturaron (sic) 34 carpetas de investigación, las cuales van contra funcionarios y ex funcionarios públicos, a los cuales los referenció la Auditoría Superior de la Federación; es decir, todos del sexenio 2010-2016 de Miguel Alonso Reyes”.
Y aunque esas investigaciones fueron sustanciadas, “recayendo en la responsabilidad de esta secretaría (en el gobierno de Tello Cristerna), efectuar acciones de responsabilidades administrativas, no lo hicieron”.
“Dejaron guardados en los cajones estos expedientes, observaciones y omisiones negligentes que ascienden a más de 100 millones de pesos. Sólo por citar un ejemplo”, apuntó.
Por lo anterior, aseguró que “como lo ha dicho el gobernador, no seremos tapadera de nadie, aplicaremos la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Pero reiteró, a propósito del caso de las 34 carpetas, que “éstas ya prescribieron.
“La Secretaría de la Función Pública dejó de hacer su trabajo, que era emitir resoluciones justas para darle certeza y claridad a la sociedad zacatecana”.